El jueves último, René Joaquino recuperó el cargo de Alcalde de Potosí luego de que el Concejo Municipal, que lo había suspendido hace dos años por una acusación de presunta malversación de fondos, lo restituyera con todos sus derechos. El caso abre la senda por la que podrían transitar otros alcaldes e incluso el gobernador de Tarija, destituidos por la misma razón.
En el caso de Joaquino, el retorno a las funciones para las que fue electo en 2010 viene precedido no sólo de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara inconstitucionales los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), que disponían la suspensión obligatoria de autoridades electas a sola acusación de un fiscal, sino también a que fue sobreseído en el caso por el cual estaba siendo procesado. Sin embargo, para las demás autoridades en idéntica situación hará falta nuevos procesos ante los concejos municipales y, eventualmente, ante las autoridades del Órgano Judicial para poder recuperar su mandato.
El caso que, previsiblemente, más expectativa causará en los siguientes días es el del gobernador de Tarija, Mario Cossío, que no sólo fue alejado del cargo, sino que además huyó a Paraguay, burlando los controles fronterizos, pues por los varios procesos que se le siguen desde su época de prefecto tenía orden de arraigo.
Una vez que el Concejo Municipal potosino determinó por mayoría que Joaquino reasuma su cargo, el Alcalde anunció que hacia adelante se dedicará a trabajar por la gente que lo eligió en la elección de 2010, agregando que renuncia “a cualquier reclamo, posibilidad de resarcimiento por el daño político que se me haya ocasionado, porque no tengo esa vocación”.
Se trata, como ya se ha comentado en este mismo espacio al conocerse la sentencia constitucional, de un avance importante en la consolidación de las autonomías, pues ya no pende sobre la cabeza de las autoridades electas de los distintos niveles gubernativos la amenaza de suspensión, lo cual debiera obligarles a acelerar la aprobación de sus respectivos estatutos y cartas autonómicas. Lo cual, a su vez, servirá para dotar de nuevos instrumentos normativos que faciliten la gestión de la cosa pública.
Pero también, como bien decíamos en el editorial de ayer, de una prueba de independencia de este importante tribunal del Órgano Judicial, que ha sido injustamente asociado al partido en función de gobierno no tanto por la supuesta injerencia que ejercieron algunos jerarcas del oficialismo, como por el hecho de que no se deseaba reconocer el cambio trascendental que significó la elección, por primera vez en la Historia, de sus magistrados por voto directo.
Habrá, pues, interesantes novedades en la política gracias a la sentencia y a la restitución de Joaquino en el cargo. Que todo sea por el bien de la democracia.
