En América Latina no ha habido experiencias perdurables de un Estado de Bienestar en forma; y de Estados Unidos se puede afirmar que ha contado en el mejor de los casos con un sistema incompleto de educación pública mayoritaria en todos sus niveles, salud universal efectiva, seguridad social, jubilaciones decentes y seguros de desempleo. Por ello, es lícito señalar que el Estado de Bienestar, con todos sus principios y componentes, constituye una experiencia esencialmente europea, con vigencia plena en las cuatro primeras décadas de la segunda posguerra. Desde entonces, sin embargo, diferentes circunstancias han traído consigo su desmantelamiento pieza por pieza, siendo la actual crisis global probablemente el último episodio de su desaparición práctica, como se evidencia con particular dureza en España y Grecia, pero también en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), donde ahora se están llevando a cabo reformas orientadas a flexibilizar los mercados laborales y reducir el gasto público.
En la experiencia europea, el Estado de Bienestar fue el resultado de un mecanismo tripartito de diálogo social entre Estado, empresarios y trabajadores, orientado a asegurar la cohesión social mediante una elevada captación progresiva de impuestos por parte del Estado, políticas eficaces de redistribución del ingreso, en un contexto de estímulos al aumento de la productividad y crecimiento general sostenido. La globalización neoliberal, el cambio tecnológico y la emergencia de China son los principales factores, que uno tras otro han erosionado la capacidad de los países europeos para preservar sus sistemas de protección social, jubilaciones y seguros de desempleo para mantener la convivencia pacífica de sociedades cada vez más diversas y complejas. El debilitamiento y virtual desaparición del Estado de Bienestar en Europa es también el resultado de los intensos cambios sociales y demográficos ocurridos en las décadas pasadas, y de sus consiguientes repercusiones en el espectro político.
En nuestro caso, una evaluación crítica de las experiencias europeas debería conducir a la formulación de proyectos políticos que recuperen el horizonte estratégico de la cohesión social interna, mediante diversos dispositivos de impulso a la reconversión productiva, la superación de la inserción primario-exportadora en la división internacional del trabajo y la redistribución progresiva de ingresos. A tales efectos, el pacto fiscal y el diálogo social constituyen componentes imprescindibles de una profunda renovación democrática con justicia social.
Como ya se ha hecho notar en varias ocasiones anteriores, un esquema redistributivo de ingresos que se apoye exclusivamente en los excedentes fiscales derivados de la explotación de los recursos naturales no renovables, además de otros inconvenientes, es altamente vulnerable ante la volatilidad de los precios internacionales de los productos básicos, así como de la competencia que pueda surgir de otras fuentes de abastecimiento en vista precisamente de esas elevadas cotizaciones. Pero además, dicho esquema trae aparejada la erosión de la escasa cultura tributaria que se logró establecer en el país.
Es por eso que se debe insistir en la necesidad de formular a tiempo los soportes conceptuales del pacto fiscal que se tiene anunciado, y que no debería limitarse únicamente a la redistribución de las regalías de los hidrocarburos y los minerales entre los nueve departamentos. La concertación de dicho pacto debería incluir también una reforma tributaria orientada a la universalización de los contribuyentes, la eliminación de los regímenes especiales y la introducción de impuestos directos de naturaleza progresiva.
