El proyecto de ley de Servicios Financieros, propuesto por el Órgano Ejecutivo y puesto en consideración a los operadores de la industria de intermediación financiera, ha tenido una primera controversia en su tratamiento: la fijación mediante decreto de las tasas de interés para préstamos a la vivienda y el sector productivo, además de las tasas que reciben los ahorristas.
Más allá de los posibles efectos financieros en rentabilidad, capitalización y generación de excedentes para los intermediarios financieros, o un mayor acceso a crédito “barato” y tasas más altas para el ahorro, el debate mayor se centra sobre la eficiencia que tiene el mercado por sí mismo en determinar el precio del dinero y su asignación competitiva; o si el Estado debiera intervenir de manera directa en la fijación de tasas, y direccionar discrecionalmente los recursos provenientes del circuito ahorro/crédito. Para pretender dar una respuesta a esta diferencia dogmática entre el Gobierno y los operadores financieros, es necesario realizar un análisis del tipo de organización asociada al mercado de intermediación financiera.
Primero. Varios estudios económico-financieros (teóricos y empíricos) han evidenciado que el mercado bancario y de intermediación tiene una estructura de poca competencia, tendiente a oligopolios, por lo que una tasa de interés (sea de préstamo o de ahorro) no necesariamente la determina el mercado, sino una colusión implícita (pacto de caballeros) entre los operadores; por lo que no es precisamente una tasa de mercado.
Segundo. El mercado crediticio se caracteriza por tener una gran falla: no toda la información (de los prestatarios, ahorristas y prestamistas) es abierta, por lo que es muy difícil y costoso saber, para los operadores del sistema, quién es buen cliente y quién no; y desde la perspectiva de los usuarios, cuál banco, cooperativa o mutual es confiable y cuál no lo es.
En este sentido, la fijación o determinación de las tasas de interés no responden a un mercado perfecto, sino que tiende a racionar hacia aquellos que pueden ofrecer mayor información de sí mismos, marginando a otros que, por lo costoso que significa mostrarse como buenos clientes, son (dice la teoría) “racionados”, por no decir discriminados. Es el caso de los emprendedores pequeños, principalmente rurales.
Finalmente, si la decisión gubernamental es regular las tasas por decreto, es necesario que la perspectiva regulatoria cambie, y que el paradigma de regulación de mercados sea el de eficiencia antes que el de competencia. Porque, como antes se argumentó, la intermediación financiera es por esencia un mercado imperfecto; y por tanto, desde esa posición, podría ser viable la regulación de tasas en función a la estructura de costos de operación de los bancos y demás operadores. De lo contrario, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
