Aunque se sabía que sucedería tarde o temprano, la decisión de “nacionalizar” la administración de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, manejados por Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA), no sólo ha sorprendido sino también ha causado una indignada respuesta del Gobierno español, que ya habla de revisar las relaciones bilaterales.
En efecto, el lunes, el Presidente del Estado firmó el decreto que dispone la expropiación de las acciones de las españolas Abertis y Aena, transfiriendo la administración de las tres principales terminales aéreas del país al Ministerio de Obras Públicas, y disponiendo la ejecución de un plan de inversión de $us 56 millones para mejorar la infraestructura y los servicios, bajo el argumento de que la empresa había incumplido sus compromisos en esta materia.
La respuesta de España no tardó en llegar, y fue el Ministro español de Asuntos Exteriores y Comercio quien advirtió que la nacionalización de la empresa que administraba los aeropuertos “tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea.
Por su parte, las empresas afectadas afirmaron que respetan la decisión del Gobierno boliviano, “siempre que este proceso se lleve a cabo conforme a los principios internacionales de derecho”, y agregaron que debido a los incrementos salariales decretados en los últimos años, sumados al congelamiento en las tarifas de los servicios aeroportuarios, SABSA estaba “en una situación financiera cada vez más delicada”, asegurando que esta expropiación “tiene un impacto nulo” en sus cuentas.
Según el Mandatario, la nacionalización debía ejecutarse hace tres años, pero se la suspendió y se inició un proceso de negociación con la administradora de los aeropuertos para garantizar la inversión, que hasta ahora había resultado infructuosa, sobre todo porque, según la empresa, sí se habían ejecutado importantes inversiones, además de haberse pagado”cánones a la autoridad concedente por importe de $us 38,6 millones e impuestos por $us 9,4 millones”, lo cual puede ser cierto, como también lo es el hecho que a principios de año se denunció que los tres aeródromos estaban en riesgo de colapsar debido a la insuficiente infraestructura para atender la creciente demanda de pasajeros y líneas aéreas.
Como en los anteriores casos de expropiación, el decreto firmado el lunes dispone un plazo de 180 días para comenzar las negociaciones respecto del monto de la indemnización a pagarse, sobre la base de un avalúo que será encomendado a una empresa independiente.
Ahora, el Gobierno boliviano afronta el reto de asegurar no sólo la inversión prometida sino, sobre todo, garantizar la calidad del servicio que se brinda, pues de lo contrario el remedio habrá resultado peor que la enfermedad.
