Tras la muerte del subteniente Ceooly Espinal, el 2 de febrero, salieron a la luz dos hipótesis. La primera, esgrimida por la Escuela de Cóndores de Bolivia y respaldada por un informe elaborado por el Comando General del Ejército, señalaba que el joven de 23 años había fallecido por una insuficiencia respiratoria, como consecuencia de una insolación, en Yacuiba. La otra, defendida por los padres de Ceooly sobre la base de un certificado forense, apuntaba a que el deceso se debió a un fuerte golpe en la cabeza. El fin de semana, el Ministro de Defensa señaló que el informe de la autopsia de ley corroboró la segunda hipótesis, e instó a la Fiscalía a identificar a los autores y los motivos detrás de esta muerte.
No cabe duda de la importancia de resolver cuanto antes este trágico incidente, y no sólo para traer (a través de la Justicia) algo de consuelo a los familiares de Ceooly, sino también para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan; máxime tratándose del segundo de su tipo en tan sólo dos años. Pero también urge abrir una investigación para saber por qué el Comando del Ejército presentó un informe preliminar con información errada, susceptible de dejar en la impunidad un posible crimen. Acción que, bien mirado, constituye un grave delito, amén de dañar, aún más, la imagen de las FFAA.
