En los 11 años transcurridos entre los dos últimos censos de población, la sociedad boliviana ha registrado profundas transformaciones en su ubicación geográfica, su estratificación social y sus niveles de ingreso. Es cierto que algunos de dichos cambios se iniciaron ya en décadas anteriores, pero los más relevantes deben atribuirse a tres procesos ocurridos primordialmente en la década pasada. En primer lugar, destaca la dinámica de migraciones internas del campo a la ciudad, que ha consolidado el carácter predominantemente urbano de la población, no obstante que cerca de un tercio de los bolivianos habita todavía en zonas rurales y en condiciones de pobreza.
En segundo lugar, las excepcionales condiciones económicas imperantes a partir de los elevados precios de las principales exportaciones, aunados a las remesas de los trabajadores emigrados y los ingresos que proporcionan las actividades ilícitas del narcotráfico y el contrabando, se han traducido en una elevación significativa del ingreso promedio por habitante, acompañada de una nueva pauta distributiva en beneficio de las capas medias urbanas, con características diferentes a las del pasado.
Por último, no cabe duda de que la gestión del MAS en el Gobierno ha traído aparejado el acceso al poder político por parte de amplios sectores anteriormente excluidos y que ahora se benefician del empoderamiento que han logrado.
Como consecuencia de todo ello, parece surgir una nueva estratificación social, caracterizada por la reducción de los grupos sociales clasificados tradicionalmente como pobres, al tiempo que aumenta el volumen de la población que se inscribe por su nivel de ingreso entre las capas medias urbanas, al mismo tiempo que aparecen nuevos ricos en los estratos más acomodados. Bajo tales circunstancias, se considera que las políticas económicas y sociales deben incorporar nuevas dimensiones para atender a dichos cambios en la estratificación social.
Al respecto habría que tomar en cuenta consideraciones como las siguientes. En primer lugar, los sectores que han dejado de ser pobres estadísticamente en modo alguno han pasado a una condición de empleo satisfactorio e ingresos sostenibles. El cambio ocurrido consiste únicamente en el paso de condiciones de pobreza a condiciones de informalidad, donde predominan las actividades comerciales legales e ilegales, o aquellas que están vinculadas con los diferentes encadenamientos de la construcción pública y privada.
Para que se consolide la dinámica de reducción de la pobreza, sigue siendo esencial que mejore significativamente la calidad del empleo, consistente principalmente en actividades con alto potencial de elevar su productividad mediante inversiones de capital reproductivo. A tales efectos, en materia económica hacen falta todavía políticas apropiadas para movilizar los abundantes excedentes de liquidez que existen en la economía, hacia actividades capaces de generar efectos multiplicadores y eslabonamientos sinérgicos entre las diversas ramas industriales. De esta manera, podría evitarse el retorno de las condiciones de pobreza cuando cambie el ciclo de bonanza externa y se agoten los efectos redistributivos del excedente proporcionado por los hidrocarburos.
En segundo lugar, en materia de educación y salud habría que cambiar los enfoques de las políticas públicas a fin de adecuarlos a las demandas de los nuevos estratos medios, lo que alude a una educación de mayor calidad, así como a una oferta más diferenciada de servicios de salud.
Por último, las nuevas dimensiones de la población de las principales ciudades del país exigen ciertamente nuevos enfoques para atender los problemas del transporte público y de la seguridad ciudadana, los cuales deben ser acordados mediante procesos ampliamente participativos.
