El 1 de febrero, tras un álgido intercambio de declaraciones que alcanzó su punto máximo en la IV Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Evo Morales decía que con Sebastián Piñera “no existe posibilidad de dialogar” (La Razón). Seis días más tarde, concluía que como “por Chile no se puede avanzar; cualquier camino bioceánico (…), vamos a conectar desde Brasil (…), y por el lado del Pacífico por puertos del Perú. Y así nos vamos a hacer respetar con los chilenos, que sólo quieren usar (sus puertos) para ellos, sin tomar en cuenta al pueblo boliviano” (La Razón, 6 de febrero). Ambas declaraciones reflejaban el hartazgo del Mandatario, en otro intento por lograr una salida al mar, refiriendo una cuestión que debería ser tomada en cuenta al reflexionar el fondo del diferendo: la cuestión ideológica.
Porque lejos del anuncio del fin de las ideologías, de un voraz intelectual, nuestro Gobierno parece omitir que la correlación de fuerzas en la región no ha desaparecido, pese a la emergencia de otros gobiernos populares. De hecho, tras la oleada de éstos, Chile ha sido el primer país en poner fin a 20 años de gobiernos de centro-izquierda, con el arribo de Piñera al poder. Éste, empresario del fútbol, del transporte aéreo y la televisión, que acrecentó su fortuna en la dictadura de Augusto Pinochet, para llegar a ser la persona 49 más influyente del planeta y el billonario 521, según la revista Forbes, llegó a la presidencia con la bandera del cambio, el cual suponía simplemente frenar la recesión y el desempleo, que habían dejado aquellos gobiernos, otorgando más incentivos a los empresarios privados.
Por tanto, pese al faccionalismo y el surgimiento de nuevas corrientes políticas que los estudiosos chilenos refieren, Piñera pertenece a la derecha asociada con excolaboradores de Pinochet. Por ello, que en la guerra de declaraciones con Morales, Piñera afirmara que “es una obligación respetar y honrar los tratados que hemos firmado (…)”, refleja el conservadurismo sujeto a una ciega sujeción a la ley, que deriva en un legalismo apócrifo. Del mismo modo, cuando Piñera sentenció que “este presidente no solamente respeta los tratados que Chile ha firmado, sino que también va a hacer que se respeten los tratados (…) y va a defender con toda la fuerza del mundo nuestro territorio, nuestro mar, nuestro cielo y nuestra soberanía” (La República, 28 de septiembre), expresa el sentido de propiedad que al estar envuelto de patrioterismo emana fuertes dosis de autoritarismo, pánico y recelo que no tardó en manifestarse a través del apresamiento de tres inofensivos soldados bolivianos.
Pero la ideología del Gobierno chileno no sólo se manifiesta en el impasse con su par boliviano. El show del rescate de los 33 mineros de la mina San José no derivó en una sanción a la empresa, sino en el despido de trabajadores. El reciente conflicto mapuche en la Araucanía, región con una pobreza alarmante y en la cual se produjeron incendios y el asesinato de un matrimonio latifundista, derivó en la acusación de la Coordinadora Arauco-Mapuche, el aumento de armas y de efectivos policiales para imponer el orden bajo amenaza de aplicar la Ley Antiterrorista de 1984. Además, los mapuches fueron minimizados, como el Movimiento Estudiantil, para justificar la acción represiva del Estado. El apego al statu quo, la intolerancia y el menosprecio hacia las demandas populares queda así manifiesto y reposa en el lado conservador de la cultura chilena.
Que la suerte del país hubiera sido distinta en la época de los gobiernos de centro-izquierda es posible; sólo que en ésta, Bolivia estuvo gobernada por una clase política insensible al interés nacional.
