El más reciente impasse diplomático entre Bolivia y Chile parece haber sido resuelto satisfactoriamente cuando, el viernes, después de 36 días, los tres soldados bolivianos detenidos en Chile por supuestamente haber invadido territorio chileno, portando un arma, fueron declarados inocentes y liberados al acogerse a la figura de suspensión condicional del proceso.
El caso ha sido una derrota diplomática para el Gobierno chileno, que durante las más de cuatro semanas que duró el proceso no ahorró descalificaciones y discursos abiertamente agresivos contra las autoridades bolivianas, particularmente contra el Presidente del Estado, pues, al final la Fiscalía de ese país reconoció que hubo un error y que el caso no pasaba de un incidente diplomático menor.
En efecto, todo comenzó cuando tres conscriptos que perseguían a un grupo de contrabandistas de automóviles fueron denunciados ante la Policía de ese país por haber cruzado la frontera. Rápidamente los Carabineros de Chile dieron con los uniformados bolivianos, que portaban un arma de reglamento, y los detuvieron acusándolos del delito de portación ilegal de armas. A su vez, el Ministerio Público chileno presentó cargos contra ellos y los derivó a la justicia ordinaria.
El inicio del caso coincidió con la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y Comunidad Europea, en el marco de la cual los presidentes de Bolivia y Chile tuvieron un intenso intercambio de palabras a raíz de la denuncia que presentó el Primer Mandatario boliviano en demanda de una salida soberana al océano Pacífico.
Diversas interpretaciones señalaron que el Gobierno chileno aprovechó el caso para restar fuerza y protagonismo al Presidente boliviano, logrando, sin embargo, un efecto contrario, pues primero que la demanda marítima concitó la atención de los presentes en la reunión de mandatarios y, luego, un intenso debate en la opinión pública del vecino país, que previsiblemente se dividió entre quienes apoyan a su Presidente y quienes cuestionaron su actitud respecto del caso de los soldados y, sobre todo, la dureza de los mensajes que a través de los medios dirigió a su homólogo en Bolivia.
Por su parte, el Gobierno boliviano tuvo ocasión de recriminar a sus pares trasandinos por penalizar el combate al contrabando y encarnar en los tres jóvenes soldados el peso del más que centenario diferendo. Al final, la Justicia y el sentido común prevalecieron, pero luego de estimular la solidaridad no sólo con los tres detenidos, sino sobre todo con la demanda boliviana.
Por donde se lo mire, el caso ha sido penoso y su costo, en términos políticos, muy elevado, particularmente para el Presidente chileno y su Canciller. Hay, pues, lecciones aprendidas para ambos bandos, y es deseable que en lo sucesivo casos de esta naturaleza sean tratados con la delicadeza que la diplomacia exige.
