Cataluña, la región española que aspira a convertirse en un Estado soberano, ha intensificado el proceso político que, según sus líderes, los llevará indefectiblemente a la soberanía respecto del Reino de España. Cuando se produjo la transición del franquismo a la monarquía constitucional a fines de los 70, Cataluña puso en marcha el proceso autonómico y consiguió efectivizarlo al introducir el régimen de gobiernos autónomos en la Constitución española de 1978.
Sin embargo, Cataluña se ha trazado como objetivo saltar de la autonomía a la soberanía; y el partido más votado y en función de gobierno (Convergencia i Unió) ha venido dando pasos en esa dirección. El pasado 23 de enero, el parlamento catalán emitió una declaración de soberanía que remarca “la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta”. La intención de los nacionalistas catalanes no es otra que rematar el proceso con una consulta sobre la autodeterminación o referéndum prosoberanía, al punto que han creado un Consejo de Transición para tal efecto.
Por su parte, el Gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy y los dos partidos políticos predominantes, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), rechazan la soberanía catalana pues ésta desembocaría en una virtual división de España, y alentaría procesos similares en el País Vasco y en otras regiones. El rey Juan Carlos también se ha manifestado por conservar la unidad española.
Con el ánimo de contrarrestar jurídicamente la arremetida de los nacionalistas catalanes, el gobierno de Rajoy solicitó al Consejo de Estado un dictamen sobre la Declaración de Soberanía del parlamento catalán, el que se acaba de emitir recomendando recurrir al Tribunal Constitucional Español (TCE), órgano de control de constitucionalidad que tiene facultades para pronunciarse sobre leyes, resoluciones y actuaciones emanadas de los órganos estatales y de los gobiernos autónomos.
No ha sido sólo el Consejo de Estado quien dio esa opinión sino también la Abogacía del Estado, entidad que funciona como una procuraduría y defiende los intereses del Estado español. La Abogacía consideró también que existen argumentos suficientes para acudir ante el TCE, impugnando la resolución del Parlamento de Cataluña que se asume inconstitucional por vulnerar varios artículos de la Constitución española, especialmente aquellos referidos a la unidad de la patria. El razonamiento de la Abogacía del Estado es que sólo las Cortes (el Órgano Legislativo en España) pueden determinar una modificación a la Constitución por mayoría de dos tercios, máxime si la reforma afecta a la unidad del Estado español y a los derechos soberanos que tiene todo el pueblo español y no sólo una parte de él.
Todo parece indicar que el TCE tendrá que pronunciarse sobre la declaración soberanista y deberá sopesar los argumentos del parlamento catalán, que se sustentan en el ejercicio del derecho a decidir, frente a los que sostienen la Abogacía y el Consejo de Estado, quienes reafirman la primacía de la Constitución española y el principio de unidad del Estado.
En el ambiente político el presidente del gobierno catalán (la Generalitat), Arthur Mas, ha sido acusado de emprender un proceso de ruptura con España y se lo ha tildado de “cobarde” por no atreverse a pedir la reforma de la Constitución y cumplir las reglas del Estado de derecho. El Ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado que la declaración de soberanía aprobada en el parlamento catalán “no produce efectos jurídicos”.
En medio de ese termómetro político, que marca la alta temperatura que el debate soberanista ha provocado en España, es que el TCE tendrá la difícil y ardua tarea de pronunciarse si la declaración del parlamento catalán es o no constitucional.
