Las últimas nacionalizaciones realizadas por el Gobierno central a empresas españolas ha generado, en ciertos sectores empresariales (nacionales y extranjeros), una sensación de inseguridad por las inversiones que emprendieron; y en tal sentido argumentan la inexistencia de un marco jurídico claro y consistente que proteja sus capitales.
Antes de evaluar la existencia de una normativa que proteja las inversiones, es necesario resaltar que la reversión de las participaciones accionarias en las empresas eléctricas de generación y distribución (Ende, Electropaz y Elfeo) y la de servicios aeroportuarios (SABSA), más allá de una consigna política, respondió al evidente incumplimiento de las cláusulas contractuales referidas a los compromisos de inversión, que las empresas administradoras debieron realizar.
El debate ahora deberá centrarse sobre la necesidad de estructurar un marco legal de resguardo a la inversión y de protección por daños y perjuicios a terceras partes, que emerjan por el incumplimiento de acuerdos y compromisos por aportes de capital. Debe quedar claro que el término inversión no es exclusivo de la economía privada, sino que corresponde también al ámbito estatal, cooperativo y comunitario, tal y como lo establece la Constitución Política del Estado; inversión que de igual manera merece protección legal.
En este sentido, durante las últimas semanas, se puso en consideración, a los representantes de los diferentes sectores económicos y productivos que operan en el país, el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones, cuyo objetivo es regular las inversiones, sean éstas nacionales o extranjeras. Ahora bien, dicha ley marco deberá establecer el derecho de propiedad y brindar libertades asociadas a la producción, comercialización, emprendimiento, competitividad y eficiencia.
Sin embargo, la libertad de producción, comercialización, emprendedurismo y generación de ganancia no debiera ser entendida como la ortodoxa “libertad de mercado” del “dejar hacer y dejar pasar”, porque se podría nuevamente generar inversiones que conformen estructuras perversas como el monopolio (privado o público), que si no es regulado, en última instancia representaría una pérdida del bienestar económico y social de la población.
Finalmente, y como dato adicional, cabe señalar que las empresas españolas Sener Ingeniería y Sistemas y Ros Roca Indox Cryo Energy SL se adjudicaron la puesta en marcha de la planta de gas natural licuado (GNL) y 25 estaciones de regasificación, comprometiendo 137 millones de dólares de inversión; lo que refleja que, mientras existan posibilidades de negocio con beneficio mutuo entre las partes y todo esto se traduzca en condiciones contractuales claras, es posible invertir con confianza en Bolivia, incluido el capital español.
