En su reciente visita al país, el experto en sistemas de partidos Jean François Prud’homme planteó importantes reflexiones sobre la democracia interna en la vida partidaria y, en especial, acerca del financiamiento público a los partidos políticos. El análisis de este canadiense es oportuno para el actual debate sobre la futura Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia.
Una de las cuestiones subrayadas por Prud’homme, en una entrevista publicada el domingo en Animal Político, se refiere a la calidad democrática de las organizaciones políticas. Ello tiene que ver con la necesidad de reglas y procedimientos públicos que garanticen mecanismos internos de decisión para evitar la discrecionalidad de algunos líderes y fracciones. Lo fundamental es que no puede haber vitalidad democrática del sistema político si los partidos, en sí mismos, no son democráticos.
La otra cuestión clave, que hoy es objeto de limitado debate en el país, tiene relación con el financiamiento de los partidos políticos, en especial cuando proviene de recursos públicos. Se trata de un tema complejo y sensible, que cuenta con diversos estudios comparados en la región. Y es que el dinero en la política (sus fuentes, su uso, su fiscalización) ha estado en el centro de las reformas político-institucionales en diferentes momentos de la democratización.
Sobre este punto, el especialista Prud’homme, desde la experiencia mexicana, explicó el funcionamiento de un esquema mixto de financiamiento, cuya principal fuente es la subvención pública a los partidos políticos tanto en sus actividades ordinarias, para que perduren, como de manera especial en los años electorales, para que compitan. En su criterio, el financiamiento es importante en el ciclo largo porque, por una parte, reduce las asimetrías y, por otra, elimina o al menos limita otras fuentes de financiamiento ilegal.
Pero quizás el valor más importante asociado al financiamiento público de las organizaciones políticas, además de promover su estabilidad y la competencia, es generar transparencia en relación al dinero en la política, sobre todo en las cada vez más costosas campañas electorales. Para ello son fundamentales dos requisitos: la existencia de un buen sistema de fiscalización a las cuentas de los partidos y un organismo electoral con la capacidad técnica de hacerlo cumplir y, cuando corresponda, establecer sanciones.
¿Debiera restablecerse el financiamiento público en Bolivia, suprimido en 2008 por decisión del mayoritario MAS, que optó por asignar esos recursos en beneficio de las personas con discapacidad? Dada la mala experiencia boliviana en esta materia, y su estrecha relación con la llamada “partidocracia” que entró en crisis, lo más probable es que al menos en los próximos años el Estado no financie directamente a las organizaciones políticas. Tema para el debate.
