Recientemente, el Presidente de Chile envió un proyecto de ley que otorgará un Bono marzo, por una sola vez, de 40 mil pesos ($us 85 dólares) por familia y 7.500 pesos adicionales ($us 15) por cada hijo menor de 18 años, o cualquiera sea su edad si tiene alguna discapacidad, que se dice beneficiará a más de 2 millones de familias y tendrán un costo para el Estado cercano a los $us 200 millones, equivalentes al 0,07% de su PIB.
Este bono generó una polémica no sólo entre el Gobierno y la oposición, sino también al interior de las fuerzas que se definen públicamente como de “derecha” o de centro derecha, aspecto que a los bolivianos nos llama la atención, puesto que en nuestro país ninguna fuerza política se define a sí misma como de derecha. Así, para muchos defensores del modelo chileno “si la izquierda entrega bonos, forma parte de su visión ideológica… en cambio, la centro derecha no cree en ellos y sabe que es equivocado”.
Es necesario conocer previamente que en Chile los planes de beneficios monetarios administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), focalizados a través de la Ficha de Protección Social, son los siguientes: Bonificación al Ingreso Ético Familiar, bonos de protección y egreso del Chile Solidario, programa de educación media, subsidio a la cédula de identidad, bono solidario de alimentos, bono al trabajo de la mujer y subsidio al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas. Actualmente, según el MDS, cerca de 11 millones de personas cuentan con Ficha de Protección Social. En 2012 se gastó $us 519 millones, pero que sólo representan el 0,2% del PIB. Chile, según el último Informe de Desarrollo Humano, se ubica en el puesto 40.
Este conjunto de bonos vienen desde hace varios años, y se desarrollaron especialmente durante el gobierno de Michelle Bachelet; sin embargo, el actual Gobierno creó la Bonificación al Ingreso Ético Familiar y recientemente el Bono marzo, que en explicación de su Presidente es una especie de dividendo que se entrega a los chilenos de menores recursos para compartir de las buenas cifras de crecimiento y baja inflación.
En el caso boliviano, cuando se creó el Bono Juancito Pinto, criticaron al Gobierno tanto analistas de derecha como de izquierda; unos porque no era sostenible en el tiempo (ya lleva seis años), y otros por ser un paliativo y no enfrenta la pobreza de manera estructural. Para 2012, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se destinaba en los tres bonos (incluidos el Juana Azurduy y la Renta Dignidad), un gasto fiscal de Bs 2554,7 millones ($us 367 millones) equivalentes a un 1,4% del PIB. Bolivia, según el Informe de Desarrollo Humano, se ubicaría en el puesto 108.
La discusión tiende a centrarse en Chile y Bolivia en si los bonos son instrumentos populistas o si son neoliberales. Sin embargo, su nombre lo dice; son simplemente instrumentos y su efectividad depende del contexto del modelo económico y en particular de la política económica y social aplicada. Además, en el caso boliviano, son bien focalizados; mientras que en Chile, son muy dispersos, se duda de su efectividad y que no contribuye a reducir la desigualdad. Y lo fundamental es que no son sustitutos sino mecanismos complementarios para una política económica y social orientada a combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Por último, la tendencia reciente en América Latina es relativa a reformar el enfoque para que la clase media, capa sándwich y siempre olvidada, sea incluida en la política social.
