Luego de la marcha de los urus muratos en demanda de una ley que les permita subsistir, que llegó a la sede de gobierno el 14 de marzo, las autoridades legislativas decidieron enviar una comisión para verificar las denuncias de supuestos avasallamientos por parte de sus vecinos aymaras. En el lugar, los diputados constataron la existencia de cercos hechos con maderas y alambres de púas (conocidos como callapos) alrededor de las comunidades urus asentadas a orillas del lago Poopó. Vallas que naturalmente dificultan la libre circulación de los indígenas y de sus animales, poniendo en riesgo la subsistencia de las comunidades más ancestrales de nuestros pueblos andinos.
A la luz de estas constataciones, llaman fuertemente la atención las declaraciones del secretario general de la Gobernación de Oruro, Florencio Choque, quien descalificó la marcha indígena con el argumento de que los avasallamientos denunciados por los urus muratos no eran tales, y que en realidad eran ellos quienes querían apropiarse de tierras de comunarios aymaras. Declaraciones falsas que ameritan, como mínimo, una explicación, sobre todo porque fueron enunciadas por una autoridad departamental, llamada precisamente a velar por el bienestar de todos los pobladores de Oruro, y en particular por el de los más desfavorecidos.
