El proyecto de Ley de Servicios Financieros propuesto por el Gobierno plantea que el Estado determine niveles mínimos de cartera que las instituciones financieras deberán mantener en créditos destinados al sector productivo, vivienda social y otros; y plantea también que el Estado determine techos para las tasas de interés a ser cobradas para los créditos destinados a esos sectores. Sin embargo, no queda claro si las instituciones financieras podrán cobrar tasas de interés mayores para los créditos destinados a los sectores mencionados una vez hayan superado los niveles mínimos de cartera establecidos para los mismos. Esta precisión es absolutamente necesaria, porque si las tasas techo establecidas no cubren los riesgos y costos asociados, las instituciones financieras, precautelando los recursos de los ahorristas y su solvencia, se limitarán a cumplir con los niveles mínimos de cartera establecidos y no prestarán recursos adicionales a esos sectores, lo que en lugar de beneficiarlos incidiría negativamente en su desarrollo.
Asimismo, el proyecto de ley debe precisar objetiva y técnicamente qué se entiende por sector productivo y vivienda social (está claro que viviendas de $us 120 mil no pueden ser consideradas de carácter social) y no dejar al libre criterio del Gobierno de turno determinar los otros sectores que podrían ser beneficiados con niveles mínimos de cartera y techos de tasas de interés, porque las ambigüedades y espacios para arbitrariedades generan incertidumbre y desconfianza. Se debe recordar que de cada Bs 100 que las instituciones financieras prestan, Bs 90 provienen de los ahorros del público. Si bien puede ser positivo que se establezcan medidas para apoyar el desarrollo de determinados sectores, éstas deben ser cuidadosamente pensadas y aplicadas dentro de límites razonables, a fin de no poner en riesgo los ahorros del público. Decidir o incidir sobre el destino de los ahorros de terceros son posiblemente las labores que más exigen proceder con responsabilidad y prudencia.
