En los centros de educación superior se toman exámenes de ingreso por dos principales razones. Para asegurarse de que los nuevos estudiantes tengan ciertas aptitudes y conocimientos básicos acordes con la carrera que han elegido, y (segunda razón) para seleccionar a los alumnos cuando el número de postulantes excede al de cupos disponibles. En cualquiera de los dos casos, se supone que los aspirantes deben saber, de manera general, los temas y el tipo de preguntas que se le va a formular, cuya dificultad no debería exceder el nivel de educación cursado por los postulantes.
Criterios lógicos que sin embargo no se cumplieron en la última prueba de ingreso a las normales, que incluyó preguntas sobre los alcances y contenidos de las leyes promulgadas recientemente en el país. Según las responsables, esta inclusión se debe a que esperan que el nuevo maestro tenga una visión precisa de su realidad y de las dificultades sociales y económicas del país. Argumento que cae por su propio peso, pues olvida que quienes se presentaron al examen no son maestros, sino jóvenes que aspiran a formarse como tales. Y lo peor de todo es que, con esta absurda inclusión, se les da a los malos estudiantes la excusa perfecta para justificar su mal rendimiento y exigir una nueva prueba.
