El martes, con 154 votos a favor, tres en contra (Irán, Corea del Norte y Siria) y 23 abstenciones (entre ellas Rusia, China, India y varios países de América Latina), la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un histórico tratado que, por primera vez, intentará regular el comercio de armas, negocio que mueve 70 mil millones de dólares anuales alrededor del mundo.
Los países que se opusieron al acuerdo argumentan que éste puede ser utilizado como un instrumento de presión política contra gobiernos enemigos. Otra de las críticas apunta a la supuesta “ambigüedad” del texto, que por ejemplo no aclara el concepto de genocidio. De cualquier modo, el abrumador apoyo en la votación final revela la predisposición general de imponer normas, limitaciones y controles a la venta de armas. Un hecho no sólo histórico sino también trascendental, habida cuenta que sólo el comercio legal de armas, a diferencia por ejemplo del café o del petróleo, carecía hasta el martes pasado de marcos legales y estatutos de obligado cumplimiento.
Ahora bien, el principal propósito de este acuerdo no es regular el uso doméstico de las armas, sino impedir que armamento convencional sea utilizado contra la población o en ataques a inmuebles que alberguen civiles, como colegios y hospitales. Para tal efecto, los países que ratifiquen el tratado deberán comprometerse a revisar todos los contratos de armamento para garantizar que las armas vendidas no serán utilizadas en países sometidos a embargo, que abusan de los derechos humanos y en los que se viola el derecho internacional humanitario.
Es decir que la efectiva implementación de este pacto depende de la voluntad política de los gobiernos, quienes deberán evaluar si las armas a ser comercializadas (entre éstas, tanques, vehículos blindados, aviones de combate, sistemas de artillería de gran calibre, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles y lanzamisiles, así como las armas ligeras) podrían llegar a ser utilizadas para cometer un genocidio u otras violaciones graves a los derechos humanos o si pueden llegar a manos de terroristas o criminales.
Este hecho, sumado a que entre los países que se abstuvieron están China y Rusia, dos de los mayores vendedores de armas del mundo, y varios célebres compradores, como Indonesia, Pakistán y la India, hace pensar que este acuerdo por sí sólo no va a poner fin a los conflictos armados ni al sufrimiento que deviene de ellos.
No obstante, al menos es un primer paso para restringir la venta de armas. Además, una vez que el tratado sea ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la ONU (proceso que podría llevar hasta dos años) previsiblemente va a hacer más difícil que un régimen que reprime a su población reciba armamento, lo propio con grupos armados que reclutan niños y cárteles del narcotráfico. Un logro sin duda histórico.
