Debido a las implicaciones que podrían tener los audios y videos que van surgiendo con relación al caso Terrorismo, es fundamental que el Órgano Ejecutivo, el Ministerio Público y el Órgano Legislativo, en lo que corresponda, los asuman con la máxima seriedad y transparencia. La investigación rigurosa de estos materiales no debiera dejar ninguna duda en torno al caso mismo.
Este tipo de filtraciones no son algo nuevo. Y es evidente que suelen tener propósitos bien definidos. Se registran generalmente de manera dolosa, aparecen (literalmente) por mano anónima y son difundidas públicamente, en el momento “cierto”, por personas que se prestan instrumentalmente para el efecto. Así, más allá del mensajero o mensajera, es importante examinar bien la veracidad y contenido de estos materiales. Como también su origen, las condiciones de registro y su intencionalidad.
Con relación a los audios vinculados con el caso Terrorismo, las supuestas declaraciones del fiscal Marcelo Soza son de especial atención, y no es para menos. A él se atribuye la voz en una fluida conversación, con un interlocutor no identificado, sobre diversas cuestiones, unas creíbles, otras inverosímiles. Está claro que el fin de la difusión de estos audios es posicionar que todo el caso, incluida la acción del mercenario Rózsa y los suyos, es obra del Gobierno y, en consecuencia, abortar el juicio.
Dadas las comprensibles interrogantes que se han planteado con relación a estos audios, debiera definirse sin más pretexto ni demora, con plena certeza técnica y respaldo jurídico, si la voz corresponde al fiscal Soza, quien asegura que se trata de un montaje (hay dos peritajes al respecto, pero provienen de partes interesadas en demostrar “su verdad”). Si se comprueba de manera definitiva que el declarante es Soza, corresponderá evaluar minuciosamente cada una de sus afirmaciones, porque hay de todo.
No hay que olvidar que el polémico fiscal está en proceso de investigación por estos audios y también por unas fotografías que lo relacionan estrechamente con algunos implicados en la red de extorsión. De ser auténticos los audios, Soza tendrá que darle muchas explicaciones al país. No sólo con relación al caso Terrorismo, sino sobre otras afirmaciones que en principio resultan extrañas (como que la embajada estadounidense y el propio Gobierno de ese país encubren un explosivo caso de narcotráfico).
Análisis aparte requiere el tratamiento del video que involucra a la senadora Gonzales (quien difundió los audios contra Soza) en un hecho de extorsión y, si acaso, los audiovisuales anunciados por El Viejo, aparente pieza clave en el asunto. Nada de esto, incluido un reciente documental elaborado por la cadena Al Jazeera, debiera condicionar o distorsionar la continuidad y desarrollo del juicio sobre terrorismo hasta su pronta culminación en derecho.
