En el país son muy pocos los que cuentan con un buen seguro de salud. Esta situación los obliga, en caso de sufrir algún accidente o una enfermedad, a cubrir no sólo el costo de la atención médica sino también de las medicinas. De allí la importancia de que el Estado busque y adopte políticas que contribuyan a reducir el precio de los medicamentos.
No cabe duda de que el proyecto de ley que pretende normar el manejo, la distribución y el expendio de medicamentos se enmarca dentro de este objetivo, tanto más importante por cuanto la capacidad para adquirir o no un fármaco puede ser cuestión de vida o muerte. No obstante, algunas de las medidas contempladas en el proyecto, como la de imponer un tope al precio de los medicamentos (artículo 10), pueden generar más perjuicios que beneficios.
En efecto, el artículo señalado pierde de vista un principio básico de economía. En un escenario donde la competencia es posible (como en el mercado de medicamentos), los oferentes tienden a reducir sus precios hasta el punto más bajo que les permite cubrir sus costos y obtener una rentabilidad que justifique su inversión. Pues si no lo hacen, lo hará su competencia y perderán sus clientes.
Entonces, si la autoridad competente obliga a las farmacias a bajar aún más los precios de los productos, es probable que varios de los fabricantes locales dejen de producirlos, pues ya no les será rentable hacerlo; y lo propio puede ocurrir con las empresas que importan medicinas. Resultado de ello tendrá lugar un fenómeno anunciado no sólo en los manuales de economía sino también por la experiencia: escasez de medicamentos. De esta manera, la intención de ayudar a los ciudadanos terminaría perjudicándolos.
Afortunadamente sí existen medidas que pueden contribuir a bajar los precios de los remedios sin generar desabastecimiento. Por ejemplo, la reducción de los costos legales en los que incurren quienes forman parte de la cadena de comercialización. Ahorros en esta cadena podrían trasladarse a los consumidores; y a su vez, promoverían el ingreso de más competencia.
De igual manera deberían eliminarse las barreras burocráticas que existen para la importación de medicinas, y prescindir de cualquier certificación innecesaria que restrinja el ingreso de nuevos competidores que traigan productos a precios más baratos. Por otra parte, sería beneficioso reducir los sobrecostos tributarios que encarecen las operaciones empresariales en el país.
Por último, en caso de que se identifique la concertación de precios entre los vendedores que restrinja la competencia (por ejemplo el supuesto monopolio de las cadenas de farmacias denunciado por los gestores de la norma), habrá que sancionar a los responsables, tal y como establece el artículo 314 de la CPE.
