En este mes de abril debió haberse inaugurado la carretera interoceánica Atlántico-Pacífico, que uniría Brasil con los puertos del Pacífico, a través de Bolivia. Pero el presidente de Perú, Ollanta Humala, informó que debía cumplir varios compromisos en el exterior y no podía asistir a dicha inauguración, prevista para el 5 del corriente mes. En verdad, la fecha no estuvo bien elegida, ya que un 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia, oficializando de este modo el conflicto del Pacífico que se había iniciado con la ocupación de Antofagasta.
Además, el presidente Evo Morales estuvo algo displicente cuando manifestó que el presidente chileno, Sebastián Piñera, vendría a Bolivia más que a la inauguración a jugar un partido de fútbol con él. Parece que no previó que para Brasil, si se utiliza la vía boliviana al Pacífico, los puertos chilenos son mucho más importantes que los peruanos, porque ya hay una conexión directa por carretera entre Brasil y Perú.
Existe asimismo un manifiesto deseo del Gobierno nacional de habilitar el puerto de Ilo no sólo para Bolivia, sino también para Brasil. Hasta se ha considerado la construcción de un ferrocarril desde Puerto Suárez a dicho puerto. Pero ese plan no tiene futuro; primeramente, porque se requeriría la autorización chilena para la construcción de un ferrocarril de Bolivia a Tacna e Ilo, de acuerdo con el Tratado chileno-peruano de 1929; y segundo, porque Ilo nunca pertenecerá a Bolivia. Por lo tanto, lo que debemos negociar es la concreción del ofrecimiento chileno de un enclave en la costa norte de Arica. En esa zona sí podríamos construir un puerto, que a la larga sería completamente boliviano. Ya lo decía un insigne diplomático chileno, don Enrique Bernstein: “Cuando Bolivia ponga un pie en la costa chilena nunca saldrá de ella”.
Por otra parte, cabe señalar que la demanda boliviana que se entregará a la Corte de La Haya sólo tendrá verdadero valor cuando los gobiernos boliviano y chileno se hayan acercado.
De otro modo será un saludo a la bandera, porque ni la Corte de La Haya ni ningún organismo internacional, político o jurídico, pueden obligar a Chile a ceder parte de su territorio. Un dictamen positivo de la Corte de La Haya sobre nuestro problema marítimo podrá ser altamente beneficioso para el país, siempre que se busque mientras tanto superar la tensión subsistente entre los dos gobiernos. Su mala relación actual está dando lugar a actitudes irracionales en Chile, como la solicitud de una ley que exija 2/3 del congreso para una eventual cesión de territorios a Bolivia.
Si persistimos en una relación agresiva, sucederá con La Haya lo mismo que con las resoluciones de la OEA emitidas durante los años ochenta. Cuando había una aproximación a Chile, las resoluciones de la OEA servían como apoyo internacional a la causa marítima y daban lugar a conversaciones bilaterales sobre el particular, como sucedió con la resolución de 1983. Pero cuando se enfriaron las relaciones, las resoluciones sólo quedaron en el papel.
Y la mejor forma para iniciar un verdadero reencuentro con Chile sería precisamente la inauguración de la carretera de Puerto Suárez hacia el Pacífico, lo que establecería un enorme tránsito vehicular desde Brasil a Chile por medio de Bolivia. Eso determinaría la constitución de una verdadera integración física entre los tres países. Si a esto sumamos la posibilidad de vender en el futuro nuestro gas a Chile, país que lo necesita con desesperación, muy pronto se desembocaría en un buen entendimiento boliviano-chileno con pleno apoyo del Brasil.
En consecuencia, el Gobierno nacional debería considerar la inauguración de la vinculación interoceánica, no como una simple travesía de camiones desde el Brasil a Chile y viceversa, sino como el primer paso de reconciliación con el Gobierno de La Moneda, lo que devendría en la superación de nuestras actuales diferencias y el encaminamiento a negociaciones constructivas sobre el largo y triste problema marítimo nacional.
