Ya conocemos que en el país funciona casi a la perfección la fórmula de constituir sindicatos de todo y de nada para conseguir que se atiendan reivindicaciones sectoriales de toda laya. Eso al margen de su función como efectivo trampolín político.
Uno de esos sindicatos cobró protagonismo hace un par de semanas. La Federación San Francisco de Asís, que agrupa a los lavadores de autos, se declaró en estado de emergencia en contra de la nueva Ley Municipal del Transporte Urbano, que en su artículo 73 prohíbe el lavado de vehículos en vías públicas.
Poco después, el 22 de abril, los lavadores de autos de la populosa calle Kollasuyo de La Paz se movilizaron y también se declararon en emergencia en rechazo a las obras de asfaltado de esta vía. En ambos casos el argumento es el mismo: la defensa de sus fuentes de trabajo.
Demanda justa, no cabe duda (todos los bolivianos tienen derecho a un trabajo), pero cimentada en una base cuestionable y abusiva. Pedir que no se prohíba el lavado de autos en vías públicas es, además de exigir luz verde para que las calles se conviertan en negocios particulares, demandar carta blanca para dañar espacios públicos, porque eso es justamente lo que ocurre con el remojo que provoca el lavado de automóviles.
Y lo que realmente sale de todo marco de racionalidad es la protesta para impedir que una calle sea mejorada y asfaltada, queja protagonizada por un grupo que se arroga este “derecho” amparado en su organización sindical.
Seguramente ocurre en todo el país, pero el problema de los abusivos dueños de la calle salta a la vista en centros urbanos como La Paz y El Alto. Y no solamente los lavadores forman parte de esta plaga, el grupo incluye a cuidadores de autos, gremiales, instituciones y negocios de todo tipo.
Al igual que los lavadores que realizan una actividad privada en vía pública, los cuidadores se han loteado las calles abiertas al estacionamiento y han instalado una suerte de parqueos privados que suelen demarcar con baldes, botellas, cajas y otros accesorios. Sólo parquean los que están dispuestos a pagar y en muchos casos los clientes están obligados a contratar también el servicio de lavado.
En calles de mucho tráfico y ausencia de aparcamientos privados no queda otra que aceptar la oferta; si la rechaza y estaciona sin el consentimiento del “propietario” del negocio es probable que en su motorizado aparezca una raya que no vio al salir.
También se encuentran en este grupo propietarios de distintos negocios que, sin autorización alguna, han tomado posesión territorial de vías públicas con letreros publicitarios. Aquí solamente estacionan dueños, empleados y clientes.
Y si no hay letreros para marcar la propiedad avasallada utilizan cajas o maderas, como ocurre en inmediaciones de las calles Eloy Salmón y Uyustus. La práctica también se extiende a instituciones públicas y privadas, aunque en estos casos las calles afectadas se encuentran en lugares más céntricos.
Pero quienes sin duda encabezan este azote de avasalladores de los espacios públicos son los gremialistas. Y son los más radicales. Cuando logran asentarse en algún lugar, la única forma de moverlos es otorgándoles algún tipo de beneficio.
Esta amenaza se cierne ahora en la zona Túpac Amaru de El Alto, donde se construirá la Estación Amarilla del Teleférico. Los vecinos convocaron a los gremialistas interesados en vender en la zona a afiliarse a la recientemente creada Asociación de Comerciantes Parque Mirador Satélite. Su meta: copar los espacios comerciales que se abrirán en la estación. Un sindicato más y mayor presión para beneficiarse de espacios públicos.
