Todos los esfuerzos que se hagan para atender los múltiples problemas del sistema penitenciario siempre resultarán insuficientes y hasta inútiles dentro de una estructura centralizada. El sistema de administrar las cárceles desde la sede de gobierno viene desde la fundación de Bolivia, cuando teníamos un millón de habitantes y unos pocos presos. Ahora, cuando tenemos 11 millones de habitantes y 15.000 reos y la pena de prisión ya no es un simple castigo, sino un medio de prevención y rehabilitación, ya no es posible seguir administrando las cárceles como hace 200 años. Es hora de descentralizar la dirección penitenciaria y transferirla a los gobiernos departamentales, bajo el régimen de las autonomías departamentales establecidas en la Constitución.
Cada región del país tiene características propias y consiguientemente problemas particulares, que deben ser atendidos directamente y de manera inmediata por las autoridades departamentales. No es posible seguir esperando que todo venga de La Paz; es hora de que los gobiernos departamentales asuman la total responsabilidad sobre sus presos. Por ejemplo, la realidad de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, no es la misma que la de Cantumarca, en Potosí, porque la idiosincrasia de los presos cambia de acuerdo con la región en la que viven.
Los gobiernos departamentales y municipales, dentro del régimen autonómico y de acuerdo con la Ley 264, ya deberían hacerse cargo de la alimentación de los presos, el pago de los servicios básicos, la refacción y la construcción de nuevos recintos penitenciarios, obligaciones que hasta hoy no cumplen. Por otra parte, en el marco del régimen de administración autonómica de los penales, estas entidades deberían poder contratar y fijar sueldos dignos para el personal penitenciario, aplicar programas educativos y de salud, reforzar la seguridad en los penales, etc., con la prontitud e inmediatez propias de un gobierno local, sin necesidad de realizar largos y costosos trámites en La Paz, como sucede hoy.
El desembolso del pago mensual de prediarios y servicios básicos están hoy en extremo burocratizados. Lo propio ocurre con la verificación del número de presos que deben recibir sus prediarios mensualmente, lo que no es posible verificar de inmediato, tratándose de reos recluidos en lugares remotos de la geografía nacional. Cuán distinta sería la situación si todas las cárceles fueran atendidas directamente desde la capital de cada departamento. Los tiempos ya no son los mismos que cuando se fundó Bolivia. Todo cambia, todo se descentraliza. Las gobernaciones, municipios y universidades son autónomas. El Ministerio Público y el Defensor del Pueblo son independientes. Las alcaldías administran la infraestructura educativa y sólo las cárceles siguen administradas desde La Paz.
Dentro de una estructura autonómica, cabe preguntarse si la Dirección General del Régimen Penitenciario debería desaparecer. Pues no, debe subsistir pero con nuevos roles, como corresponde a un Estado Nacional, para planificar, organizar y fiscalizar el sistema nacional penitenciario, coordinar la política penitenciaria, resolver los traslados de un departamento a otro, propiciar y mantener el intercambio técnico y científico con instituciones similares del extranjero, organizar, dirigir y actualizar periódicamente las estadísticas penitenciarias nacional y otras funciones de coordinación nacional.
A más de cuatro años de establecido el régimen autonómico departamental por la Constitución, es hora de que las cárceles pasen a manos de los gobiernos departamentales.
