Durante las últimas dos semanas, la población del país fue presa y víctima de una de las acciones más detestables desde el punto de vista del funcionamiento y formación de los mercados: la especulación. En esta amarga oportunidad, el producto que fue sujeto de manipulación de precios y escaso abastecimiento fue el arroz nuestro de cada día.
Estas acciones de la economía popular, que recurren al “ocultamiento” de artículos, se hacen recurrentes cuando el control del Estado (sea el ministerio encargado o la Intendencia Municipal) se relaja y deja en manos de la “asignación eficiente”, según los abanderados de los mercados libres, las incomprendidas fuerzas de la oferta y la demanda. No obstante, en esta ocasión, la escasa previsión estatal y la ineficiencia del mercado permitieron que, en un periodo muy corto, el precio del quintal de arroz se incremente en un 40%, atentando la economía familiar, sobre todo de los más pobres.
Si bien el Gobierno nacional reaccionó con medidas orientadas a proveer el producto, con la importación de 200 mil quintales de arroz de Argentina, y a través de operativos de búsqueda y confiscación a los mayoristas que almacenaban el grano a pocos metros de los centros de abasto, estas medidas reactivas revelan la vulnerabilidad que tienen ciertos mercados de productos sensibles a la seguridad alimentaria.
Ahora que ya ha pasado la tormenta y que los precios del arroz están nuevamente en torno a los Bs 260 por quintal (según anunciaron los mayoristas de la calle Gallardo), es tiempo de pensar en medidas de control gubernamental, para evitar en el futuro situaciones similares de especulación, en las que los únicos beneficiarios son unos cuantos comerciantes mayoristas (escondidos en el Régimen Tributario Simplificado, dicho sea de paso), en desmedro de la población.
Sin llegar al extremo de pretender nacionalizar la cadena del arroz y que el Estado se haga cargo de su acopio, almacenamiento, envasado y distribución; considerando además que en su momento existió —sin mucho éxito— la Empresa Nacional del Arroz (ENA), que participaba operativamente en toda la cadena productiva, sí resulta importante identificar en qué eslabón se generan las mayores distorsiones, en perjuicio de los consumidores, con el establecimiento de precios predatorios.
Al respecto, las acciones debieran estar orientadas a generar una base de información fidedigna sobre el volumen esperado de producción por campaña, tipos de semillas empleadas, capacidad de almacenamiento en los silos y plantas beneficiadoras privadas, reconocimiento de los canales de distribución y venta; y finalmente en dotar a Emapa las capacidades operativa, logística y financiera para que realice intervenciones disuasivas de compra y venta de arroz por adelantado, a fin de regular los precios y volúmenes del preciado grano.
