Decía Karl Marx que la Historia avanza por el lado malo. El futuro no es una profecía ni los procesos tienen sentidos teleológicos, pero convengamos que el Viejo Topo tenía bastante de razón. Más recientemente desde la Sociología se habla de los “resultados no deseados” para aludir a aquellas consecuencias no previstas por quienes las diseñan. En 1994 se aprobó la Ley de Participación Popular (LPP). Se quiso así responder a las demandas regionales de descentralización. El sucedáneo, como es sabido, fue la municipalización del país. Hasta entonces, la descentralización de tipo político se entendía obligatoriamente en clave geográfica departamental o de nivel meso. Lo cierto es que el salto hacia lo local de la LPP dejó momentáneamente en off side a los movimientos cívicos. La LPP fue diseñada por el respetable Carlos Hugo Molina e impuesta desde el Poder Ejecutivo, sin responder ni acatar a exigencias previas de la sociedad civil; aunque su influencia se puede rastrear en demandas indígenas, como la Ley Agraria Fundamental de la CSUTCB y la Ley de Pueblos Indígenas de la Cidob, que exigían que las comunidades indígenas y campesinas se constituyan en “unidades de gobierno autónomo”.
En las normativas legales en vigencia, los espacios municipales carecían de actores, de demandas precisas y de formulación técnica que modificaran su relación con el Estado central. Para entender la mutación y el impacto que produjo la LPP hay que remontarse a la Constitución de 1967, tantas veces incumplida con relación a los municipios. Ésta reconocía en su artículo 200 la autonomía del régimen municipal, y establecía jerarquías entre las capitales de departamento (concejo municipal y alcalde) y las provincias (juntas municipales), colocando a las zonas rurales y a sus autoridades bajo la supervigilancia y el control de la ciudad-capital; una tradición que se inicia en 1938. Para entonces, salvo en casos singulares y escasos, ya existía una cierta administración indígena y campesina del territorio (aún no estudiada) antes de la LPP, aunque subalternizada a la lógica política estatal o municipal citadina. Sería necesaria una historia de larga duración para establecer cómo las autoridades blancas y mestizas de los pueblos se relacionaron con su entorno indígena, o cómo, en su fase de apogeo, los sindicatos campesinos negociaron con el Poder Ejecutivo y luego autoridades locales ocuparon puestos como la subprefectura, el corregimiento y la alcaldía. Es importante establecer también cómo, en el pasado y a lo largo de la Historia, en estos espacios locales ya interactuaron, negociaron o se confrontaron las autoridades coloniales-republicanas y las originarias en disputa por el poder local.
Por otro lado, y para decirlo en palabras de Moira Zuazo: a diferencia de su propósito inicial, la LPP “ruralizó la política” e incrementó el interés, la participación y la afirmación campesina e indígena. Sus organizaciones, luego de dudas e incluso de rechazo ante una posible situación de cooptación, modificaron sus estructuras para usar de mejor forma el espacio abierto por la LPP, amoldándolo a “sus usos y costumbres”. El resultado fue una mayor presencia indígena en los órganos de poder municipal, y la toma de conciencia del valor del territorio. Emergerá así una ciudadanía rural de características colectivas.
Fue vicemi-nistro de Educación Superior de 2003 a 2005.
