Cuántos bachilleres conocen la física cuántica, fundamento del desarrollo contemporáneo de la electrónica? ¿Cuántos la genética, base de las innovaciones en la agricultura? Los valiosos comentarios recibidos sobre un artículo anterior (¿Cómo lograr el desarrollo?, La Razón, el 17 de abril, 2013) me llevan a ampliar lo referido a educación.
La experiencia internacional demuestra que actualmente lo decisivo para lograr el desarrollo es el conocimiento científico y su aplicación generalizada, lo que a su vez depende de la educación. Por otro lado, está ampliamente demostrado que los niveles de ingreso de la población dependen directamente de la respectiva formación (casos recientes: Corea y China). Pero en Bolivia, la educación que se presta a los niños y adolescentes de los hogares de menores ingresos —la mayor parte de la población— es de bajísimo nivel, condenándolos a seguir siendo pobres. Focalizar los esfuerzos en los establecimientos públicos y de convenio sería lo decisivo para avanzar, tanto en reducción de la desigualdad como en desarrollo.
La educación depende esencialmente de que los maestros de escuelas y colegios cuenten con formación de excelencia y con remuneraciones acordes con su respectivo nivel profesional (por ejemplo, Finlandia). Pero en nuestro caso esto se da sólo en algunos colegios privados (generalmente extranjeros) a los que sólo tienen acceso los más pudientes. Para lograr que, en un par de décadas, la educación que prestan establecimientos públicos y de convenio se sitúe en los mejores niveles internacionales no se requiere de una gran inversión inicial, tan sólo habría que cambiar un enfoque que subsiste desde inicios del siglo pasado, cuando la educación estaba reservada a unos pocos: el monopolio de las normales en la formación de educadores y el bachillerato clásico. Actualmente, la situación es completamente distinta, entonces, en primer lugar debería definirse el objetivo de ofrecer a los estudiantes dos tipos de bachilleratos: unos técnicos y otros que conduzcan hacia estudios superiores, ambos en función de las respectivas demandas de conocimientos. En segundo lugar, se debería abrir la formación de educadores a universidades públicas y a becas en otras sin fines de lucro, desde pregrado hasta doctorado, incluidas culminaciones en las mejores universidades del mundo, y a una permanente actualización.
Pari pasu, a esta mejor formación debería corresponder una nueva escala de remuneraciones (acorde con los niveles alcanzados) y un sistema de evaluación permanente, con premios y sanciones. En ese momento, la inversión destinada a la educación pública y de convenio sí comenzaría a ser mayor, tanto en recursos humanos como en equipamiento. Pero conseguir que una buena parte de las mentes más brillantes se dedique a formar educadores, dejar atrás la atroz desigualdad actual y desarrollar todo el potencial de los bolivianos sin duda amerita, plenamente, que una fracción importante de los excedentes sea destinada a educación, aunque con nuevas reglas. Los principales obstáculos para superar la actual situación no son financieros, son la aún exclusiva orientación hacia el bachillerato clásico, y el monopolio estatal en la formación de educadores y la inamovilidad funcionaria de éstos, un caso claro en que intereses particulares lograron prevalecer sobre los generales. Habría que perfeccionar la Constitución a fin de eliminar este privilegio que perjudica al país y, sobre todo, a los más pobres.
