Entre los más importantes logros del movimiento indígena originario campesino boliviano se cuenta la constitución del Fondo Indígena, una iniciativa para destinar parte de los ingresos generados por la producción de hidrocarburos a proyectos de desarrollo de este sector de la población. Sin embargo, hasta ahora, son más los obstáculos que los resultados.
En efecto, debido a la burocracia en el Ministerio de Economía y a las propuestas mal elaboradas o incompletas, sólo 602 de 3.460 proyectos presentados y aprobados hasta diciembre de 2012 son ejecutados por el Fondo Indígena; es decir, uno de cada cinco, según explicó el Director Ejecutivo de la entidad.
El Fondo Indígena fue creado en 2005 para financiar iniciativas sociales y productivas de ocho organizaciones: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).
Según la explicación de la autoridad, cada año, el Fondo percibe el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). No obstante, desde hace seis años ese dinero se acumuló y no fue invertido, debido a que la entidad se activó formalmente recién en 2009. Por tanto, más de $us 200 millones se acumularon en cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN), al extremo que en abril último el Presidente del Estado criticó la falta de interés de los sectores por usar esos recursos.
A decir del Ejecutivo sobre el fondo, el dinero acumulado es “intocable”, pues además de la burocracia que impide ejecutar recursos presupuestados en gestiones pasadas, pero no ejecutados oportunamente, otro factor que dificulta la implementación de las propuestas es la falta de proyectos elaborados de acuerdo con los requerimientos mínimos de calidad. Por ello, el Directorio de la entidad prevé elaborar, desde junio, un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa autorice el uso de dicho capital.
Resulta, pues, inaceptable que si existen tanto la necesidad evidente como los recursos, éstos no sean ejecutados apropiadamente. Por lo que urge, más que la norma que se propone, establecer los mecanismos que posibiliten la generación de proyectos viables y, sobre todo, su ejecución oportuna, ya que de lo contrario seguirán existiendo argumentos para poner en cuestión la voluntad del Estado de favorecer, como corresponde, a la población indígena originaria del país, que no sólo es mayoritaria, sino que además es la más necesitada.
