Como parte del proceso de discusión, diseño y propuesta de una nueva Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está considerando la posibilidad de establecer un mecanismo por el cual el propio TSE subvencionaría el costo de la propaganda en procesos electorales. Se lo haría bajo ciertas condiciones y con algún mecanismo tanto equitativo como proporcional a ser determinado en la norma.
Se trata de un opción intermedia entre las dos alternativas planteadas por los partidos políticos. Y es que mientras el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene rígida su posición de no incluir ninguna forma de financiamiento público a los partidos, varias fuerzas de oposición plantean reponer el financiamiento directo que hubo en el país desde la reforma electoral de 1997 hasta su eliminación en 2008.
En ese marco, queda como tema de reflexión y debate la siempre compleja relación entre dinero y política, a fin de evitar el uso de recursos ilícitos. Relación delicada en especial durante los procesos electorales, que demandan de las organizaciones políticas y sus candidaturas elevados recursos económicos para la campaña y para la propaganda en medios de comunicación. Queda también el imperativo de la transparencia y la rendición de cuentas.
