Una vez cumplido el plazo para la presentación de libros con el registro de ciudadanos que se adhirieron a iniciativas populares de revocatoria de mandato, el Tribunal Supremo Electoral informó que tres iniciativas cumplieron el requisito. El siguiente paso es la verificación técnica de nombres, firmas y huellas dactilares. Luego correspondería el proceso de votación.
Así las cosas, el próximo 8 de diciembre asistiríamos al estreno del mecanismo constitucional de revocatoria de mandato en tres gobiernos municipales (uno de Tarija y dos de Santa Cruz). Allí los pobladores podrán decidir, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de sus autoridades, a saber, un alcalde y 17 concejales. Se trata de un derecho del electorado que expresa el afianzamiento de la democracia directa y participativa en el país, como señalamos el lunes.
Pero la otra cara de este proceso inaugural de revocatoria de mandato son las 76 solicitudes que, inicialmente aprobadas por el Órgano Electoral, no cumplieron el porcentaje mínimo de adherentes establecido en la norma. ¿Por qué esas deserciones? ¿Cómo se explica que del total de iniciativas, casi todas (el 96%) quedaran en el camino? ¿Se frustraron de inicio? ¿Se avanzó en el registro de firmas pero faltaron o fallaron adherentes, el tiempo fue insuficiente, no se contó con recursos?
Estas inquietudes tienen más relevancia considerando que el impulso inicial para la revocatoria dio lugar a la presentación de 122 solicitudes, que en conjunto alcanzaban a 353 autoridades y representantes electos, incluyendo gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, diputados y asambleístas. En un primer filtro de requisitos quedaron 79 solicitudes habilitadas. Y al final de esta fase presentaron libros solamente tres. ¿Puede leerse esto como un fracaso o, más bien, como garantía de estabilidad político-institucional?
La primera cuestión al respecto es indagar por qué la gran mayoría de iniciativas de revocatoria no prosperaron. Hay dos respuestas posibles: una es que no hubo suficiente voluntad e ímpetu de quienes plantearon la idea de cesar el mandato de una autoridad cuya gestión es cuestionada; la otra es que los requisitos son demasiado exigentes. Lo más probable es que se trate de una combinación de ambas cosas, lo que plantea la interrogante acerca de las condiciones reales para el ejercicio de este derecho.
Queda entonces en agenda para la reflexión y el debate la viabilidad de este mecanismo constitucional, que sin duda forma parte del proceso de ampliación de la democracia en el país. Habrá que evaluar la norma, ciertamente, así como sus plazos y procedimientos. Pero también será necesario analizar las motivaciones y desempeño de los actores, tanto de los que deciden impulsar una iniciativa popular de revocatoria, como de quienes optan por abandonarla.
