Días atrás, dos reclusos (de cuatro casos confirmados) murieron en el penal de San Pedro a causa de meningitis, una infección poco corriente pero potencialmente letal y que puede provocar graves lesiones cerebrales. Como es de suponer, la noticia causó alarma entre propios y extraños, máxime tomando en cuenta que en esa céntrica cárcel conviven 250 menores con sus padres, y que la meningitis es especialmente frecuente en niños y personas con bajas defensas; es decir, entre quienes no se alimentan adecuadamente y/o viven en condiciones de insalubridad precarias. Algo corriente no sólo en San Pedro, sino también en el resto de los centros penitenciarios del país.
Para contrarrestar el brote de meningitis, las autoridades han decidido limitar las visitas y mejorar los controles médicos y la limpieza del penal. Medidas importantes pero insuficientes, pues se trata de un asunto mucho más grande, que necesita de soluciones estructurales.
El problema es que mientras la administración judicial se especializa en llenar las cárceles de reos, el Estado se muestra incapaz de construir nuevas prisiones y resolver los miles de casos de personas que permanecen detenidas sin sentencia. Desequilibrio que conduce a niveles de hacinamiento que atentan contra la salud y la dignidad de los internos.
