Después de siete meses del anuncio gubernamental de sustituir la actual Ley de Bancos, y tras un extenso debate y previa socialización con todos los sectores involucrados, queda el tratamiento camaral para su aprobación en detalle de la nueva ley de servicios financieros, que tiene como objeto regular el mercado de intermediación financiera.
Durante este tiempo existieron temas del proyecto de ley que fueron sujetos de análisis, opiniones y modificaciones, como el tratamiento de las garantías hipotecarias de vivienda al momento de su remate, para posterior extinción de todo el saldo deudor; o que el requerimiento de capital se establezca por decreto para asegurar la solvencia financiera de todas las entidades del rubro. Se consideraron aspectos relacionados a la necesidad de incorporar a la regulación a todas las entidades que realizan algún tipo de actividad de intermediación financiera; sin embargo, el elemento neurálgico de la nueva norma se centra en la forma de determinación de las tasas de interés.
El espíritu de la nueva ley tiene su asidero en el artículo 330 de la Constitución Política del Estado, que establece la responsabilidad gubernamental de regular el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, priorizando la demanda de los sectores productivos.
La pregunta es, ¿cómo las autoridades económicas pretenden cumplir con este mandato, a través de la nueva ley de servicios financieros? Es innegable que los responsables de la política económica y financiera del país deben cumplir con lo establecido en la CPE, que además es económico y socialmente deseable, porque no se concibe que si alguien tiene la opción de emprender alguna actividad productiva que signifique empleo y riqueza, no pueda acceder a un crédito si no tiene garantía real, o que los costos de ahorrar sean mayores que el beneficio mismo. Empero, el cómo debe ser cuidadosamente ejecutado.
Más allá de pretender cambiar la lógica de determinación de las tasas de interés sustituyendo al mercado, que muchas veces es discriminador de buenos proyectos, por un mecanismo discrecional de decretos que tiene el riesgo de ser igual de discriminador, se deben concebir políticas de Estado integrales de apoyo y fomento al sector productivo, que además incorporen una tasa de interés muy baja, servicios de desarrollo empresarial y acceso a mercados sostenibles para los productores.
El tener tasas reducidas o en extremo que se otorguen créditos al 0% de interés definitivamente no garantiza que los productores sean más eficientes y que todos los emprendimiento sean exitosos, se requiere de otros mecanismo de fomento a la producción que no caigan únicamente en el “sencillismo” de bajar las tasas de interés a discreción.
