En ocasión de su incorporación a la Academia de Ciencias Económicas de Bolivia en calidad de Académico de Número, el ingeniero Herbert Muller presentó como tesis de ingreso un interesante trabajo sobre el pacto fiscal.
El trabajo, más allá de su meritoria rigurosidad académica, tiene la virtud de mostrarnos la oportunidad que tenemos, dada la holgura fiscal por la que atraviesa el país, para establecer un pacto fiscal que logre una mayor equidad en la distribución de los recursos públicos, fortalezca el proceso de descentralización, instituya un sistema tributario más coherente con el valor generado por los agentes económicos, logre cargas tributarias que respondan de mejor manera al criterio de progresividad, logre una mayor eficiencia en la asignación de la inversión pública y la posibilidad de establecer un fondo de compensación que nos permita enfrentar la volatilidad de los ingresos por efecto de las fluctuaciones en los precios de las exportaciones, especialmente de las exportaciones de recursos naturales.
Si bien comparto plenamente las proposiciones de Muller sobre la necesidad de un pacto fiscal y que ahora se nos presenta una ventana de oportunidad para lograrlo, considero que, dadas las condiciones políticas vigentes, la orientación de la política fiscal y la percepción que tienen los agentes privados respecto a los recursos públicos, no solamente será difícil el alcanzar un acuerdo, sino que sentarlos a la mesa de negociaciones a los distintos actores económicos podría ser una tarea casi imposible.
En situaciones de holgura económica, contrariamente a lo que recomienda la teoría, el pacto fiscal parece no interesarle a nadie. El Gobierno es uno de los menos interesados, ya que, bajo las actuales circunstancias, tiene la posibilidad de establecer una imposición fiscal antes que cualquier tipo de pacto. Más aún, en situaciones de relajamiento de las restricciones, generalmente la política fiscal se hace fuertemente procíclica e incluso tiende a generar un sesgo hacia el endeudamiento.
Las regiones, por el comportamiento que sus líderes han mostrado hasta ahora, buscan acuerdos de distribución de las rentas de los recursos naturales y, de ninguna manera, un pacto fiscal que les imponga esfuerzos de asignación de recursos. Los agentes privados, léase hogares y empresas, que buscan maximizar su función de acceso a los servicios públicos no consideran al financiamiento de las finanzas públicas como una restricción y, menos aún, a su aporte para incrementar o mejorar los servicios que demandan.
