Entre los rasgos que mejor caracterizan la situación económica, la holgura fiscal ocupa un lugar destacado. Las recaudaciones tributarias se han incrementado considerablemente desde mediados de la década pasada, debido al aumento a más del doble de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, pero también como consecuencia del no menos destacable aumento de la recaudación por concepto de las rentas interna y aduanera, así como de las regalías mineras. Este resultado ha proporcionado una importante capacidad redistributiva del Estado mediante los diversos bonos a sectores específicos de la población.
La mayor recaudación tiene que ver con una mejor administración del Sistema de Impuestos Nacionales, pero asimismo con la instrumentación de prácticas abusivas y excesos por encima de lo que manda la ley y constituye el trato justo a los diversos contribuyentes. Las enormes dimensiones que tiene la informalidad en el país proporcionan ciertamente las condiciones para ello. Se suma a eso el enfoque prevaleciente en algunas nuevas disposiciones, orientadas a generar ingresos fiscales a partir de nuevos gravámenes a ciertos agentes económicos que, a juicio de algunas autoridades en ejercicio, disponen de utilidades susceptibles de soportar gravámenes adicionales, como el sector financiero o de los medios de comunicación.
En este orden de cosas hay que mencionar también la introducción de nuevas penalidades a la evasión tributaria, que pueden dar lugar, por su exceso, a resultados totalmente contrarios al objetivo buscado, puesto que ni disminuirá efectivamente la evasión ni aumentarán por ende las recaudaciones, pero se habrán creado las condiciones adicionales que propician la corrupción.
Precisamente porque la economía se encuentra en la fase de expansión del ciclo económico, es ahora que se tiene que adoptar una profunda reforma tributaria, acompañada del correspondiente pacto fiscal. Sobre el particular, se puede hacer las siguientes consideraciones.
Los cimientos conceptuales del régimen impositivo imperante todavía siguen siendo los que se establecieron en el marco de las reformas neoliberales de la década de los ochenta, y que consisten en lo sustancial en la aplicación de impuestos indirectos en cascada sobre las transacciones de los agentes económicos. A eso se añaden las recaudaciones aduaneras, por un lado, y los regímenes impositivos a la minería y los hidrocarburos mediante el sistema de regalías, por otro.
El principio que prevaleció en el diseño de la reforma tributaria de 1987 señalaba que los ingresos debían lograrse mediante un sistema eficaz de recaudación, en tanto que la equidad tenía que alcanzarse mediante la asignación del gasto público en beneficio de los sectores menos favorecidos. La aplicación en el tiempo de tales principios ha dado lugar a grandes distorsiones que ahora podrían corregirse de raíz. En primer lugar, resulta imprescindible ampliar la cobertura del universo de contribuyentes, mediante la supresión de los regímenes de tratamiento especial que ya no tienen razón de ser, pero en particular con la inclusión efectiva de los cooperativistas mineros y de los campesinos productores de coca.
Por otra parte, para incorporar en el sistema impositivo un mecanismo de equidad, se requiere establecer impuestos directos al patrimonio y a los ingresos de las personas naturales y jurídicas, en escalas progresivas que traigan consigo mayores contribuciones para los que tienen ingresos y patrimonios más elevados. Por último, el espíritu fiscalista y punitivo del actual régimen debe ser sustituido por un esquema de incentivos que propicien la creciente formalización de las actividades económicas.
