Los terribles casos de linchamiento producidos recientemente en diferentes regiones del país han puesto en debate y en cuestión, una vez más, el alcance de la justicia boliviana y su relación con el Estado. Pero también nos interpelan nuevamente sobre la errada asociación que suele hacerse, en especial en la cobertura informativa, entre tales asesinatos y la justicia indígena.
Es evidente que el principal problema con relación a los recurrentes linchamientos tiene que ver con la justicia. Y es que el ejercicio de la “justicia por mano propia” por parte de pobladores es un recurso extremo ante una administración de justicia que no llega, llega tarde o llega mal. Es resultado, como señala la Defensoría del Pueblo, de la “profunda crisis del sistema judicial y el estado de indefensión en que están ciudadanas y ciudadanos frente al aumento del delito y la inseguridad”.
El otro tema vinculado a los linchamientos y la ausencia o debilidad estatal tiene que ver con el hecho de que estos asesinatos de presuntos delincuentes suelen quedar en la impunidad. Ello ocurre no sólo porque se construyen pactos de silencio en torno a estos crímenes en los que intervienen varias personas, sino también porque tales delitos no se investigan ni sancionan por ineficiencia e incapacidad del Ministerio Público, o por una lógica de pasividad y por tanto complicidad del Estado.
Pero más allá de la crisis expresada por estos condenables linchamientos, un tema delicado es la inmediata asociación que suele hacerse con la justicia comunitaria o indígena. Se ha insistido mucho en aclarar que los linchamientos son eso: asesinatos, y por tanto no tienen nada que ver con la justicia comunitaria. Pero como si fuese un guion inamovible, siempre que ocurre un linchamiento se hace referencia a “los límites y la aplicación de la justicia comunitaria reconocida por la Constitución boliviana”, como dice una nota del diario español El País.
En ese sentido, resulta necesario insistir en que el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena originaria campesina constituye un sustantivo avance para el pluralismo jurídico en el país. Y esta jurisdicción indígena, sin idealizarla —como lo señalan varios estudios y especialistas—, tiene mucho que enseñar a la jurisdicción ordinaria. El derecho indígena, entonces, contrariamente a lo que repiten algunos voceros y medios, no ampara los linchamientos ni menos los justifica.
¿Qué hacer? Asumiendo que los linchamientos, por un lado, son una cara desportillada de la crisis del sistema judicial en el país y, por otro, no pueden emparentarse con la justicia comunitaria o indígena, el desafío radica en procesar estos crímenes como tales conforme a ley. Ello implica, como bien plantea la Defensoría del Pueblo, “que se investigue, procese y castigue a quienes resulten autores materiales, instigadores y cómplices de los linchamientos”.
