La confrontación dada en las últimas semanas entre la Cinemateca Boliviana y el Ministerio de Culturas nos lleva a reflexionar sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad. Este conflicto es apenas un síntoma. Refleja —por una parte— la visión que el Estado liberal aplicó por 20 años a la(s) cultura(s); y expresa —por otra parte— las transformaciones del Estado en la actualidad.
En los tiempos recientes de libre mercado, el sostenimiento de las iniciativas artísticas quedó librado a su propia rentabilidad. Es decir, la cultura fue concebida como un bien de intercambio, sin más valor que el de su posibilidad de venderse y comprarse en la dinámica de la economía abierta. Toda producción que no pudiera sobrevivir en esa lógica simplemente naufragaba.
Tales políticas llevaron a una banalización de la cultura y a una visión de arte como espectáculo para consumo masivo. El pensamiento puro, la movilización del espíritu, la sofisticación de los lenguajes quedaron sin espacio. El orden poético fue muerto, entendido lo poético (más allá del campo literario) como un estado supremo de la condición humana. La ideología global desarticuló a través de este juego mortal valiosas formas de expresión liberadora. A esa implacable realidad tuvieron que adecuarse muchas instituciones culturales, frecuentemente claudicando a sus objetivos y renunciando a su naturaleza.
Por contraste, en el último lustro el Estado boliviano ha sido enunciado en otra función desde la propia sociedad; y así se ha convertido en una posibilidad efectiva para el desarrollo de la(s) cultura(s). Primero, porque así ha sido establecido; y segundo, porque las transformaciones estructurales le han abierto recursos, antes sistemáticamente negados. Se podrá cuestionar (o no) las políticas en marcha y las formas de ejercer la tarea ministerial, pero son incontrastables dos hechos históricos: el cambio en la misión del Estado respecto de la(s) cultura(s), y la disposición gubernamental de asumir ese mandato.
El nuevo escenario nos interpela a todos. Desafía a la sociedad y al Estado a ser creativos en la definición de nuevas formas de relacionamiento (legislación), porque es evidente que el Estado necesita de la sociedad tanto como la sociedad necesita del Estado. El Gobierno llevará adelante programas y acciones en coordinación con las iniciativas sociales; pero al mismo tiempo, las iniciativas culturales asumirán su inviabilidad de sobrevivir en funciones trascendentales sin el concurso del Estado.
En este contexto se ve como un gran error que la Cinemateca y el Ministerio de Culturas hayan optado por enfrentarse excluyentemente, cuando realmente están llamados a establecer complementariedades en atención a la demanda social, hacia un cambio cualitativo sin precedentes. Ese modelo aplicaría a tantos otros casos, y podría constituir política cultural efectiva.
Es compositor.
