La semana pasada se denunció un caso de corrupción en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que involucra no sólo a sus autoridades administrativas, e inevitablemente a su rector, como máxima autoridad ejecutiva, sino también a la Federación Universitaria Local. La denuncia la hizo el Secretario General de esa casa de estudios superiores, quien era parte del equipo encargado de realizar la adquisición revelada como fraudulenta.
De acuerdo con la denuncia, la UPEA estaba a punto de comprar 108 computadoras portátiles con un sobreprecio de $us 600 cada una. Pero no sólo el precio es lo escandaloso, sino que prácticamente todas las disposiciones legales para una compra de esta naturaleza fueron vulneradas. Por ejemplo, el ofertante era una empresa unipersonal, cosa prohibida en adquisiciones por montos superiores. Para subsanar esta irregularidad, la compra se estaba dividiendo en dos lotes, cosa también prohibida; se entregó un adelanto de 20% sin exigir una boleta de garantía, también al margen de la ley…
El daño que se causa a la universidad alteña con este tipo de actos va más allá de lo meramente económico, afecta de manera profunda la imagen que se pueda tener de esa institución, que ya arrastra demasiados problemas precisamente por la falta de seriedad de sus autoridades.
