A finales del año pasado, algunos expertos advertían que 2013 podría ser el año más cálido y seco de los últimos 160 años incluidos en los registros meteorológicos, debido al cambio climático. A pesar de estas advertencias, otra vez esta situación ha sorprendido a las autoridades locales, puesto que al menos diez municipios del departamento de Santa Cruz se declararon en emergencia por sequía la pasada semana.
La evidencia científica advierte que el cambio climático es inequívoco, y el rango de impactos actuales y proyectados implica que se necesitan estrategias para poder lidiar con estos impactos. El cambio climático implicará un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, e incrementará el riesgo de desastres, como sequías e inundaciones.
Durante miles de años, las poblaciones han afrontado los desastres naturales de distintas maneras. Sin embargo, los impactos del cambio climático exigen que se incorpore la gestión de riesgos en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.
El cuarto informe de Evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático de 2007 alertaba sobre los impactos esperados para América Latina. Más aún, los primeros modelajes climáticos de alta resolución a nivel nacional, generados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en 2009 para Bolivia, advierten que se espera un aumento de la temperatura de 1 a 2 °C hasta 2030; y de 5 a 6 °C hasta 2100, y una intensificación del ciclo de precipitaciones en las tierras bajas, con más precipitación durante la época lluviosa y menos precipitación durante la época seca.
A pesar de la evidencia científica sobre el cambio climático, pareciese que se trata de un tema nuevo en la planificación y gestión del desarrollo en Bolivia. ¿Cuántos municipios y/o departamentos han incorporado efectivamente la gestión de riesgos y el análisis de los riesgos climáticos actuales y previstos a causa del cambio climático en la planificación y gestión del desarrollo?
Todo parece indicar que en Bolivia todavía se concibe la gestión de riesgos solamente como la reducción de desastres limitada a las actividades de atención a emergencias y apoyo a las víctimas, y no como “el proceso planificado, concertado, participativo e integral para la reducción de las condiciones de riesgo de desastres, en la búsqueda del desarrollo sostenible” (Orlando Chuquisengo y Luis Gamarra, Propuesta metodológica para la gestión local de riesgo de desastre, 2001).
