Ayer, La Razón informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya cuenta con una propuesta de “fórmula” para la reasignación de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con apego a los datos del Censo Nacional de Población 2012. El anuncio es importante, toda vez que se trata de un asunto complejo que podría generar (o evitar) futuros conflictos en el país.
Según la Constitución Política del Estado, la distribución de diputados entre los departamentos se define con base en el número de habitantes de cada uno de ellos. Pero también se deben contemplar criterios de equidad, a fin de garantizar un número de escaños mínimo para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. La “fórmula”, entonces, tiene que considerar ambos aspectos: población y desarrollo económico, a la hora de distribuir los 130 diputados.
En ese marco, habiéndose realizado un nuevo censo poblacional en el país, corresponde al Órgano Electoral efectuar la reasignación correspondiente de escaños con miras a las elecciones generales 2014. Si bien en principio se trata de una labor eminentemente técnica (que hasta podría resolverse con algún “modelo matemático”), constituye al mismo tiempo una tarea con un fuerte componente político. Y es que implica beneficiar a algunos departamentos, que ganarían diputados, a costa de otros departamentos, que los perderían.
Esta reasignación no sólo modifica la actual distribución de escaños entre departamentos, sino también dentro de ellos, lo que a su vez supone tocar algunos equilibrios territoriales internos. Es previsible que en algunos departamentos se requieran ajustes en las circunscripciones uninominales. Y está pendiente la discusión acerca del número de circunscripciones especiales indígena originario campesinas, que no se cambió en la Ley del Régimen Electoral a la espera de los datos del Censo 2012.
El antecedente en el tema se remite a 2005, cuando en el límite de un conflicto regional por los escaños, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé estableció una nueva distribución por decreto. Ahora el desafío radica en lograr un mecanismo que, más allá de pugnas e intereses, sea aceptado por todos. Ciertas voces señalan que una forma de garantizar que algunos departamentos ganen sin que otros pierdan sería aumentar el número de diputados. Esta “salida” es más complicada, ya que implica reformar la Constitución.
El anuncio del Tribunal Supremo Electoral ha sido recibido con cautela por asambleístas del oficialismo. Una diputada del hoy opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), en cambio, señaló que se “estaría diseñando el fraude electoral por la vía del peso de la representación”. Afirmación que queda como una muestra de las diversas lecturas y disputas que podrían activarse con la mentada reasignación de escaños.
