Si de algo tenemos que congratularnos los bolivianos es por la vigencia centenaria de El Diario, que ha sobrevivido a distintos gobiernos a lo largo de su historia. Y con éste, no tendría que ser la excepción, salvo crisis particular —ojalá no sea así, por la pluralidad informativa y el bien de sus empleados— de la compañía creada por José Carrasco el 5 de abril de 1904.
Hace días, una noticia llamó la atención de los medios de información y de la opinión pública: el anuncio de embargo de los bienes del matutino por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debido a una deuda impositiva por un valor de Bs 128,5 millones (sin contar los Bs 15 millones que debe a las administradoras de fondos de pensiones).
Inmediatamente conocida la información surgieron voces a favor del periódico y cuestionamientos al SIN, especialmente de parte de los gremios del sector. La actuación de las autoridades del fisco fue calificada como un “atentado” a la libertad de expresión; a su vez el director de ese medio impreso, Jorge Carrasco, la consideró como un “show político”, debido a que “algunas informaciones (difundidas por El Diario) incomodan y son vistas como ataque al Gobierno”.
Aunque no me sorprendió esa reacción, Claudio Paolillo, miembro de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), una especie de patronal regional de las empresas de medios de impresos, respondió en Cadena A que el hecho huele a un intento del Gobierno de cerrar “el decano de la prensa nacional” y “acallar las voces independientes en Bolivia”.
Los calificativos me recuerdan un caso policíaco que envolvió al impreso en octubre de 2002, que me tocó cubrir mientras era periodista de La Prensa. La historia ya tiene sentencia judicial y, bajo las mismas circunstancias que hoy, la SIP la vinculó con una acción política. “María Teresa Guzmán de Carrasco, directora ejecutiva de El Diario, y esposa de Jorge Carrasco Jahnsen, director general de ese matutino, fue asesinada tras sufrir un atentado. Su esposo afirma desde prisión que es inocente, y que se trató de una represalia por las publicaciones del diario”, decía un informe del organismo.
Siento rememorar ese triste episodio familiar, quizás inoportuno para muchos. Sin embargo, lo hago con la intención de reflexionar sobre la necesidad de evitar despilfarrar la libertad de expresión como argumento que no le hace bien al ejercicio periodístico. No me parece honesta una respuesta en ese sentido, ni por la obligación de la empresa de cumplir con las normas ni por la misma realidad, considerando que el SIN ha expuesto las razones por las que decidió el embargo de bienes de la editora.
Son los medios los que, en aras de la verdad y el ejercicio de una ciudadanía responsable con la sociedad y el Estado, se convierten en los primeros fiscalizadores de la gestión pública. En ese sentido, también deberían ser los paradigmas del cumplimiento de las leyes.
La historia de las deudas de El Diario no es reciente. “Autoridades gubernamentales, del Servicio Nacional de Impuestos (SNI), parlamentarios, representantes de El Diario y dirigentes de los trabajadores de la prensa llegaron a un principio de acuerdo para dar solución al cierre temporal ‘a causa de presunto incumplimiento de obligaciones impositivas’ del diario paceño”, decía una nota de La Prensa a mediados de diciembre de 1998.
Es decir, siempre fue así. Y con esa lógica, siempre fue blanco de “ataques” a su libertad de prensa. Un poco de honestidad y autocrítica harían bien.
