En reiteradas oportunidades, desde este mismo espacio se ha cuestionado las deficiencias del sistema judicial del país, que, por una serie de fallas estructurales, se muestra muchas veces incapaz de cumplir con la función para la cual fue concebido. Lamentable situación que afecta no solamente a miles de bolivianos, sino también a muchos extranjeros.
Claro ejemplo de ello es el calvario por el cual están atravesando los padres de Jérémie Bellanger (25) y de Fannie Blancho (23), dos jóvenes franceses que desaparecieron hace casi tres años en Guayaramerín (Beni). La última vez que se los vio fue la noche del 28 de agosto de 2010, antes de acudir a una fiesta en una hacienda. Se presume que en el lugar la muchacha (madre de un niño, que tenía tres años y estaba en un hostal de Guayaramerín cuando ocurrió la desaparición) fue abusada sexualmente por varios hombres, y luego la pareja de franceses fue asesinada. Hasta hoy, sus cadáveres no han sido encontrados.
Desde entonces, los progenitores de Jérémie y de Fannie viven un calvario en busca de justicia. Hasta la fecha, seis fiscales han tomado el caso, pero ninguno lo ha concluido. El proceso se ha retrasado en reiteradas ocasiones, en parte debido a los vínculos familiares, de amistad o laborales entre los acusados (tres hombres y una mujer) y los diferentes jueces que han seguido el proceso. Incluso el abogado de la parte querellante denunció que los policías, testigos y él mismo fueron amedrentados por la familia del principal sospechoso, Jaime Martínez Jiménez, dueño de la hacienda donde se sospecha ocurrió el crimen.
Por este motivo, los padres solicitaron al Consejo Superior de la Magistratura que el juicio se traslade fuera de Beni. Pedido que hasta ahora no fue aceptado, pese al apoyo de su Embajada, una de las más influyentes en el país, y la intervención del propio Canciller, quien, a su vez, logró comprometer la participación de la Fiscalía y a la propia Ministra de Justicia para la resolución del caso.
Y por si esto fuera poco, el lunes, los padres de Fannie Blancho fueron detenidos en el aeropuerto de El Alto, por la posesión de una caja de bromazepan, tranquilizante que en Bolivia está prohibido por la Ley 1008. No obstante, en el momento de la detención los ciudadanos franceses contaban con una prescripción médica para portar las pastillas, pues en Francia ese medicamento está autorizado, y les fue recetado desde que su hija desapareció.
Pese a estos atenuantes, las autoridades antinarcóticos del país los retuvieron durante 24 horas. Intransigencia que afectó severamente su salud y economía, pues les impidió abordar el vuelo que debía transportarlos a su país natal, e incrementó la profunda ansiedad por la que atraviesan, así como también la animadversión que seguramente sienten contra el país y sus autoridades judiciales.
