Cuántas personas fueron asesinadas o están desaparecidas por obra de las dictaduras militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982, como oscura antesala de la transición a la democracia? ¿En qué circunstancias se produjeron esas muertes? ¿Quiénes son los responsables? ¿Con qué silencios, con cuántas complicidades? No lo sabemos de cierto. Ni lo sabremos nunca si es que no se conforma una “Comisión de la verdad” que indague los hechos y, si acaso, los esclarezca.
Esa es la convicción de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), que junto a otros activistas de derechos humanos en el país demandan la pronta promulgación de la Ley de Comisión de la Verdad, cuyo proyecto está en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin tratamiento, desde hace tres años. Asofamd confía en que una comisión pueda correr el velo sobre la violencia estatal en las dictaduras.
Hay quienes, con la mirada puesta en el futuro, creen que remover el pasado entorpece la necesaria reconciliación entre los miembros de una comunidad política. Otros, en cambio, con los sentires alineados en la memoria, entienden que ninguna convivencia democrática puede asentarse en el secreto y el olvido. Tiene la palabra el “compañero Presidente”.
