Uno de los artículos del proyecto de ley de servicios financieros, actualmente en debate en la Asamblea Legislativa, obliga a las entidades de intermediación financiera a destinar un porcentaje de sus utilidades declaradas hacia acciones de impacto social y retribución a la comunidad, enmarcadas en programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Si bien la medida es deseable, queda claro que la responsabilidad social no puede ser impuesta y muchos menos obligatoria,ya que la decisión de ser “socialmente responsable” requiere la voluntad de una empresa o una entidad financiera de trascender su labor, con acciones en favor de la comunidad, además de cumplir a cabalidad la normativa vigente.
Queda claro que la RSE va más allá de un acto filantrópico o la entrega de recursos para obras que no necesariamente promueven cambios profundos en la vida de la comunidad y sus habitantes. La responsabilidad social tampoco es un presupuesto anual que calme la conciencia corporativa, mientras que los modelos de negocio no necesariamente establecen relaciones equilibradas y justas con quienes hacen uso de servicios y productos financieros.
La interrogante en este sentido se centra en definir con mayor precisión qué es Responsabilidad Social Empresarial y, más importante aún, cómo se traduce en actos concretos, evitando caer en un concepto difuso, pero tan ampliamente enraizado en las culturas empresariales como una moda que no añade valor a la sociedad ni a la entidad financiera. La RSE comprende en primer lugar el reconocimiento del derecho que tienen actuales y potenciales clientes, usuarios y consumidores, sobre la calidad del tipo de servicio y producto financiero que reciben y que por supuesto pagan. En segundo lugar, es el reconocimiento del derecho que tienen ambas partes de poder entablar negociaciones justas, equilibradas e informadas, sin que ninguna obtenga un beneficio adicional por contar con más o mejor información.
Finalmente, estos conceptos deben traducirse en ofertas de RSE concretas, que deberían orientarse a fortalecer las relaciones usuario-entidad financiera. En este sentido, la primera acción de RSE debiera estar contemplada en programas de educación financiera; comenzando con lo más elemental, saber usar (y generar) el dinero de la manera más responsable posible. A su vez, la educación financiera, en el mediano y largo plazo, debería convertirse en una cultura financiera en la que valores como la previsión sean el cimiento de una fuerte convicción de ahorro, por ejemplo.
No parecería efectivo obligar a las entidades de intermediación financiera a ser “socialmente responsables”, pero sí posiblemente tendría algún impacto comprometerlas en una política de largo aliento para la generación de una cultura financiera en la población.
