Días atrás, el Presidente del Estado denunció que en algunas alcaldías del país todavía se exige una comisión (generalmente del 10%) para adjudicar obras y proyectos, que son financiados con recursos públicos. Luego demandó eliminar esta práctica que, agregó, en algunos casos se lleva a cabo gracias al concurso de familiares.
Ahora bien, tal como señala el Jefe del Estado, urge erradicar esta nefasta “costumbre” que, dicho sea de paso, es de larga data y que en el país no se ha limitado a las alcaldías, sino que también se ha arraigado en los diferentes niveles de gobierno.
Y es que cuando un funcionario incurre en este tipo de delitos, no sólo le está restando recursos al Estado, que podrían destinarse para mejorar el bienestar de la población, sino que además pierde la autoridad moral para exigir que la obra o el proyecto se elaboren de manera adecuada y oportunamente. Por otra parte, y más grave aún, este tipo de acciones menoscaban la confianza institucional e interpersonal, desestructuran el tejido social, y en definitiva destruyen la necesaria capacidad de acción colectiva que necesita una sociedad; y no sólo para articular la relación entre el Estado y los individuos, sino también la necesaria generación de esferas gubernamentales intermedias.
