En Brasil, durante las últimas semanas y coincidiendo con un campeonato de fútbol que sirve como antesala al Mundial de 2014, se han presentado una serie de manifestaciones ciudadanas, que comenzaron en protesta contra el alza de tarifas de transporte público, y luego derivaron en reclamos por una mayor utilización de los recursos estatales en salud, educación y vivienda.
Curiosamente, estas manifestaciones tienen lugar en un país que supuestamente se encuentra en un buen momento económico, que en diez años logró consolidarse como una superpotencia agrícola, que cuenta con grandes reservas energéticas, que ha logrado incluir a 30 millones de pobres en el circuito económico, en suma, en un país que si bien no es el mais grande do mundo, se encuentra (en términos económicos) en el sexto lugar, antes que el Reino Unido, Italia, Rusia o Canadá.
Alrededor del mundo, estos movimientos ciudadanos se articularon espontáneamente ante un escenario de crisis económica, como ocurrió en España, Portugal, Grecia o EEUU; fueron consecuencia de crisis políticas, como sucedió en los países árabes; o se desencadenaron por el olvido o descuido de un gobierno hacia un determinado sector, como las movilizaciones de estudiantes universitarios en Chile.
Sin embargo, podría resultar paradójico que un movimiento de indignados pueda tener un caldo de cultivo en un país que aparentemente muestra una fortaleza económica, inclusión social, liderazgo mundial y voluntad para realizar cambios políticos. Inclusive tiempo atrás Rousseff dio una gira por Europa explicando la “receta” del milagro brasileño.
Ahora bien, lo que revela la actual situación en Brasil es que, independiente de una sólida situación macroeconómica, esfuerzos de mayor inclusión social, aparentes mejoras en el nivel de consumo de los ciudadanos o capacidad de organizar un mundial y una olimpiada, es necesaria una reflexión sobre los catalizadores de una protesta de indignados en tiempos de “bonanza”.
La respuesta a esta paradoja puede encontrar sentido si se evalúa el grado de disconformidad que tiene una sociedad respecto al grado de trasparencia y honestidad que exponen sus representantes políticos, en relación a la noción que tienen de lo que es una distribución justa de los beneficios del crecimiento, además de una administración equilibrada del poder otorgado coyunturalmente por los ciudadanos.
Está claro que la corrupción es el flagelo que impulsa a todos los movimientos de indignados, y ocurre cuando unos cuantos o varios funcionarios públicos vulneran, de manera sistemática, la confianza del pueblo y atentan contra el patrimonio público a favor de su propio beneficio, para luego ostentar abusivamente su poder y su privilegiada situación económica.
