Hoy en día miles de niños, niñas y adolescentes conviven con sus progenitores en los centros penitenciarios femeninos y masculinos bolivianos. Sólo como ejemplo, existen alrededor de 500 en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Bajo estas circunstancias, las cárceles, consideradas como el epicentro del sufrimiento humano por los altos niveles de violencia, delincuencia, hacinamiento, desigualdad social y condiciones infrahumanas de habitabilidad, se han convertido en el principal espacio de reproducción sociocultural para los hijos/as de los/las privados/as de libertad, aspecto que configura una faceta invisibilizada de la problemática de la infancia, niñez y adolescencia en nuestro país que no ha podido ser resuelta.
La presencia de niños, niñas y adolescentes en las cárceles, principalmente en penitenciarías masculinas, cuestiona fuertemente la vigencia del sistema democrático y la eficacia del sistema de protección de la infancia, niñez y adolescencia conformado por organizaciones civiles, sin fines de lucro, privadas y fundamentalmente públicas como los juzgados y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la Policía y otras relacionadas que, sin descartar la corresponsabilidad social, son las principales encargadas de garantizar la protección de los derechos humanos de esta población, poseyendo en diferentes niveles suficiente autoridad y poder de decisión para intervenir, cambiar y mejorar la situación de la infancia, niñez y adolescencia boliviana en el marco de la responsabilidad de cuidado que tiene el Estado.
El sistema de protección revela su evidente fracaso ante la permanente violación de derechos de niños, niñas y adolescentes en las cárceles, cuyos actos perpetrados son en su mayoría encubiertos para proteger los intereses de la población penitenciaria y la imagen estatal. Aspecto que trasciende los posicionamientos políticos y revela el verdadero nivel de significancia que en el imaginario socio-institucional ocupan los niños, niñas y adolescentes encarcelados, quienes sufren más que sus padres y de forma directa y lacerante los embates del sistema penal represivo.
Si bien la normativa vigente (la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Código del Niño, Niña y Adolescente) y sus reglamentos correspondientes establecen algunos parámetros de protección de la infancia en las cárceles (sólo menores de seis años de edad), éstos son insuficientes y han quedado obsoletos ante la crítica situación, siendo necesaria una urgente revisión que cuestione la coordinación, responsabilidad y competencias de los componentes del sistema de protección de la infancia, niñez y adolescencia y el sistema penal. Al mismo tiempo, la comparación entre la realidad y la norma devela la gravedad del fenómeno con relación a la ilegalidad y constante incremento de niños, niñas y adolescentes en las cárceles que no puede ser controlado.
Bajo la premisa de que “los niños son primero y el futuro de una sociedad” (frecuentemente enarbolada, pero poco cumplida en los hechos), es urgente que las instituciones responsables de proteger sus derechos humanos promuevan inmediatos procesos de reflexión y debate sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en las cárceles, el rol del Estado, del sistema de protección de la infancia, niñez y adolescencia, y del sistema penal desde un punto de vista autocrítico, para posteriormente ejecutar políticas que protejan efectivamente la integridad y derechos de los hijos/as de los privados/as de libertad.
