La efervescencia política y una “primavera socialista-nacionalista-populista” que vive la región han puesto a la minería, y en particular a la megaminería, en el ojo de tormentas y afanes rentistas, que pretenden llevar la furia nacionalizadora y/o la cooptación del excedente económico que generan los grandes proyectos mineros a límites que muchas veces exceden lo racional, pero cosechan aplausos y laureles coyunturales que no dejan ver el largo plazo en el que, sin duda, se pondrán en peligro los mayores proyectos mineros encarados en las últimas décadas en la región.
En el caso de nuestro país, ya comenté en esta columna el proyecto de ley minera que pretende (para proyectos mineros de asociación con el Estado) una participación en la utilidad final del 55%, y en general un nivel impositivo que asegure un government take mayor al 90% de la utilidad, y que obligue a reinvertirla en el país. Estas medidas configuran una “camisa de fuerza” que dejará al operador sin posibilidad de competir y crecer frente a sus similares de otros países con legislaciones más pragmáticas.
Como todo en estos tiempos se dispersa y en algunos casos hace “metástasis”, resulta que otros países están implementando también medidas radicales de rentismo puro y duro dignas de mencionar, pero no de imitar, van dos joyitas. En Ecuador está en trámite una ley que gravará con un impuesto o regalía extraordinaria a los megaproyectos mineros en tiempos de altas cotizaciones de metales con 70% de la utilidad final. La ley fija límites de producción: más de 1.000 toneladas diarias (tpd) en minas subterráneas, más de 2.000 tpd en minas a cielo abierto y más de 3.000 tpd para minas en aluviones. Cualquier operación menor se considera “mediana”, y sólo estará obligada a una regalía del 4% y a una participación estatal del 50,1% de la utilidad final, después de impuestos, seguros, etc. Estas operaciones deberían tener permisos de uso de aguas y medio ambiental en un plazo no mayor a seis meses, con lo que se acelerarán los trámites para obtenerlas e indirectamente se estaría fomentando este tipo de minería. El anuncio de la ley ya ha derivado en la paralización del megaproyecto Fruta del Norte de Kinross Gold Corp. (www.kinross.com 10.06.13).
En la provincia argentina de Santa Cruz, la legislatura provincial aprobó un “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” que grava las reservas bajo tierra con una regalía del 1% sobre el valor de las reservas de mineral, calculadas con referencia al valor mayor de mercado del último día de cada gestión. Esta provincia tiene 50 áreas de proyectos de exploración, algunos de ellos han derivado en los mayores descubrimientos de los últimos años, en una amplia unidad denominada localmente Masivo El Deseado.
En ambos casos e incluyendo nuestro país, la coyuntura valió más que la sesuda planificación a largo plazo y la apropiación de la renta minera más que el futuro del flujo de inversiones. Con mercados tan volátiles donde lo que ahora son reservas pueden a muy corto plazo perder esa categoría, donde un metal de primera necesidad en un par de años tiene un sustituto más barato y donde las inversiones sólo van a proyectos avanzados (que no los tenemos) y a países de alta calificación en seguridad jurídica y clima de negocios; el intento de apropiación del excedente puede convertirse en una peligrosa “ruleta rusa” de consecuencias impredecibles.
