El viernes, en el curso de una conferencia de prensa en la que se trataron diferentes asuntos, el Presidente del Estado afirmó que el aborto “es un delito”. Inmediatamente después, muchos medios se apresuraron a poner tal declaración en titulares y hacer enfoques condenatorios, sin darse cuenta que el Mandatario no había hecho más que decir una verdad evidente.
En efecto, en Bolivia “cualquier aborto”, para seguir citando las palabras del Presidente, es un delito. El Código Penal vigente dedica todo el Capítulo II del Título VIII a señalarlo, estableciendo en el Artículo 266 que sólo será “impune” cuando “hubiera sido producto de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto” y cuando “hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios”; en ambos casos, se señala que “deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”.
Así, en el caso que se comenta, al margen de lo que el Presidente opine en lo personal, lo que debe importar es, por una parte, que el Código Penal, o siquiera el Capítulo II, merece ser discutido y, por otra, que la sociedad debe participar de este debate, munida de información y argumentos antes que de prejuicios y posicionamientos dogmáticos y religiosos.
Ésta debe haber sido la intención de la organización Católicas por el Derecho a Decidir cuando demandó la inconstitucionalidad de los artículos respectivos del Código Penal, por lo que después de conocerse que el Tribunal Constitucional resolvió volver a sortear el caso, luego de que los magistrados no pudiesen arribar a una resolución de consenso, afirmaron que mientras no se emita el fallo, en el país seguirán muriendo mujeres y adolescentes por abortos ilegales, agregando su vocera que este tema debe resolverse “lo antes posible, sin apasionamientos, sin posición política ni religiosa, porque más tarde más mujeres serán afectadas por este tema”.
Y es que para nadie debe ser desconocido que no por estar prohibida, la interrupción voluntaria del embarazo se practica menos. En todo caso, lo que sucede es que sólo acceden a las condiciones idóneas para practicarlo las mujeres que pueden pagar los costosos servicios de los médicos dispuestos a hacerlo en clínicas privadas, quedando el resto expuestas a condiciones habitualmente muy riesgosas. Por cierto, para cualquier mujer tiene que ser una verdadera tragedia tomar esa decisión, por lo que es inaceptable señalar que el aborto puede ser usado como método de control de la natalidad.
Hay, pues, mucho que discutir a este respecto, pero, mientras la politización de los debates públicos y los posicionamientos religiosos sigan impidiendo este debate, muchas mujeres siguen poniendo en riesgo su vida.
