En un nuevo capítulo de su disputa política al interior del MAS y otros desacuerdos, la diputada Rebeca Delgado planteó una pregunta fundamental con relación a los operadores mediáticos en Bolivia. “Hay que ver —dijo en tono de sospecha— quién está manejando PAT, quién está manejando red Uno, quién está manejando La Razón”. Advertía de ese modo, sin más argumento, sobre un peligro: “el control de los medios de comunicación”.
La pregunta de la diputada, originada en una nota periodística que la involucra, tiene varias aristas. La primera es que puede hacerse extensiva, con la misma carga de recelo, a todos los medios de comunicación del país, en especial a los de alcance nacional o, mejor, los llamados “medios de referencia”. Así, Delgado pudo seguir indagando: ¿quién maneja El Deber, quién maneja radio Panamericana, quién maneja Unitel, quién maneja Los Tiempos, quién maneja canal 7, quién maneja Erbol? Etcétera.
Coincidiremos en que tal búsqueda, siendo necesaria e interesante, resulta insuficiente. Y aquí viene una segunda arista que no por obvia es menos importante: la propiedad de los medios. ¿Será lo mismo preguntar quién maneja un medio de comunicación que quién es su dueño? La diferencia no es irrelevante. ¿El propietario (sea un empresario, una familia, un político, una institución) es necesariamente quien maneja “su” medio? O mejor: ¿qué nivel de influencia tiene el dueño con relación a los operadores cotidianos?
Esta cuestión nos conduce a la tercera arista. Me refiero al complejo proceso de construcción de la agenda informativa y de opinión en los medios. La difusión y el enfoque de una noticia o de una nota de opinión ¿son obra del propietario del medio? ¿Quizás de algún anunciante? ¿O serán definidos, más bien, por el director, el editor y/o el periodista? Más aún: detrás de cada contenido que (no) se difunde, ¿hay una decisión premeditada que no sea la de informar con apego a los principios del oficio?
Volvamos a la relevante inquietud de doña Rebeca. ¿Quién maneja los medios de comunicación en el país? A lo que será necesario añadir: ¿con qué intereses? Aquí tenemos una asignatura pendiente en democracia, que es la absoluta transparencia sobre la propiedad de los medios y sus vinculaciones. Y es que para el ejercicio ciudadano de los derechos a la comunicación e información, con la premisa de la garantía plena de la libertad de expresión, es fundamental saber desde qué lugar actúan y dicen los medios. ¿Y quién controla, si acaso, la agenda mediática de cada día? Si la red Unitel, por citar un ejemplo a dedo, difunde una nota manipulada o sencillamente mala leche, ¿a quién lanzamos los dardos críticos y/o planteamos nuestra queja? ¿A sus propietarios terratenientes, a su funcional director de noticias, al reciclado presentador, al reportero? ¿A todos ellos? ¿A ninguno? ¿Nos resignamos a registrar la abultada contabilidad del mal periodismo? ¿Contestamos? ¿O activamos los mecanismos de autorregulación?
Cerremos el episodio. ¿Por qué la diputada oficialista preguntó sobre la propiedad de determinados medios? Su presunción es que una nota publicada en un flamante-celebrado quincenario (El Desacuerdo) está ahí para perjudicarla por decisión ¡del vicepresidente García Linera! Nada menos. ¿Se imaginan? Conjetura también que ese supuesto control se extiende a otros medios privados.
Con relación a El Desacuerdo, ya sus editores demostraron la falsedad de semejante suposición, además de brindarle a Delgado, como corresponde, el derecho a réplica. Escriba —le dijeron—, diga su verdad en lugar de amenazar con el Ministerio Público y desacreditar un emprendimiento periodístico que no tiene ninguna relación con el Gobierno.
Respecto a los otros, todos los medios (incluidos los que falazmente se (re)presentan como “públicos” o “independientes”), están en la obligación de mostrar claramente a la ciudadanía, lo menos, su estructura de propiedad.
