En principio nadie debiera estar de acuerdo con el aborto. Pero dadas las circunstancias concretas, caracterizadas por mujeres pobres, con muy bajos niveles de instrucción, con ninguna posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, ningún acceso a métodos de regulación de la fecundidad, con muchos hijos dentro de su familia o mujeres adolescentes con embarazos no deseados, la determinación de una política pública —en favor o en contra— del aborto hoy “hace aguas”.
Celebramos que el Gobierno del Estado Plurinacional haya sido sensible al debate, pero bien orientado éste, debiera plantear no si estamos o no de acuerdo con el aborto, sino en su lugar: ¿qué podemos hacer todas y todos para bajar los inaceptables y altísimos niveles de muerte materna en Bolivia?
El Ejecutivo tiene ahora la enorme responsabilidad de emitir una política pública clara, decidida, laica, en el objetivo de reducir drásticamente la alta tasa de muerte materna, especialmente de aquellas mujeres castigadas por la pobreza y la desigualdad, y que quieren poner fin a un embarazo involuntario, que por falta de recursos financieros acuden a lugares insalubres con personal incompetente, cuyas consecuencias son las complicaciones y hemorragias que precisamente constituyen las principales causales de la muerte materna.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la razón de mortalidad materna estimada para el periodo 2003-2008 equivale a 310 defunciones maternas por cada 100.000 nacimientos. Esta estimación es superior a la obtenida en 2003 para el periodo 1998-2003, que fue de 229 muertes maternas. En otras palabras, los niveles de muerte materna estarían subiendo, lo que debería preocuparnos a todos los bolivianos, y especialmente a los responsables de los programas sociales y de salud. Este es el meollo de la cuestión. Lo paradójico es que esta mortalidad materna obedece a causas evitables y controlables.
Por tanto, si el Gobierno aspira a bajar drásticamente la muerte materna, debería asumir la medida del aborto seguro y en adecuadas condiciones. Eso no significa promover esta práctica como un método de planificación familiar, pero hasta que las mujeres bolivianas tengan la información fidedigna y asesoramiento para la prevención de los embarazos no deseados, es decir hasta lograr tales circunstancias que permitan eliminar la necesidad del aborto, lo que corresponde es su despenalización. El derecho a la vida, principio fundamental de la Constitución Política del Estado, pasa en primer lugar por promover realmente la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo. El debate está abierto.
