Un reciente informe del Defensor del Pueblo nos da unos números escalofriantes: siete de cada diez mujeres en Bolivia han sufrido alguna vez de violencia sexual. Cada año, 14.000 mujeres denuncian una violación, es decir un promedio de 38 violaciones cada día. Pero no es así: la verdadera dimensión de esta tragedia no la conocemos, ya que la mayor parte de las agresiones sexuales no llegan a ser denunciadas.
Hay otros datos que, yuxtapuestos a los anteriores, tal vez nos ayuden a aproximarnos al verdadero número de violaciones que efectivamente suceden, aunque no se denuncien. Cada año los hospitales públicos de Bolivia atienden a 27.000 mujeres por complicaciones de abortos incompletos, lo que equivale a un promedio de 74 abortos cada día. Pero no es así: estudios conservadores proyectan un mínimo de 70.000 abortos anuales.
Ya escucho las protestas de quienes arguyen que no todas las mujeres que abortan lo hacen porque han sido violadas. Y es cierto. Como también es cierto que el 60% de las violaciones suceden en el interior de la vivienda de la víctima: padres, padrastros, hermanos, padrinos y vecinos son usualmente los violadores, y esa misma condición de cercanía hace que sea más difícil denunciarlos. Y nadie menciona los miles de casos en los que el violador es el marido, quien impone su voluntad sexual sobre su esposa cuando quiere y como quiere, y para colmo le prohíbe el uso de anticonceptivos.
La ley boliviana dice que si se acude a él como consecuencia de una violación, el aborto es “impune”. ¿Impune para quién? ¿Para el médico que lo practica? ¿Para el sistema legal que debe autorizarlo? Evidentemente es impune para el violador, responsable del embarazo, y por tanto, del aborto. Pero puedo asegurar que ese aborto no es impune para la víctima de la violación, que debe someter su vida a un horrible escrutinio si es que desea que los canales legales le autoricen ese aborto. No es impune para la mujer que debe someter su cuerpo a una segunda agresión, llamada aborto, a fin de terminar con un embarazo fruto de la violencia. No es impune para la víctima que debe vivir el resto de su vida con esas dos pesadillas consecutivas. Por eso, en la mayor parte de los casos, las miles de mujeres que han sufrido violencia sexual y deciden abortar no lo harán siguiendo los canales regulares del “aborto impune”.
Ellas, como todas las demás, acudirán a métodos peligrosos o clínicas clandestinas, siendo una vez más penalizadas, castigadas física y moralmente, algunas veces incluso con la muerte como consecuencia. Pues, a todo esto, lo que queda claro es que en la forma actual de nuestras leyes, la penalización del aborto (incluso en el caso del aborto “impune”) es en realidad la penalización de las mujeres.
