La entrega de los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 constituye un verdadero bochorno para la institución responsable.
No me voy a sumar, sin embargo, al coro de los que atribuyen las flagrantes fallas e inconsistencias a una manipulación aviesa de parte de las instancias oficialistas, porque incluso para adulterar los resultados de una manera deliberada a favor del oficialismo se necesita contar con un esquema de cifras políticamente convenientes para tales intereses, que los operadores tendrían que fraguar. Me cuesta creer que el elenco de operadores que ha malogrado las cifras puestas a conocimiento público esté en condiciones de semejante proeza.
Por otra parte, no percibo a primera vista que los resultados que se han presentado como definitivos contengan ventajas numéricas de cifras absolutas o relativas que favorezcan rotundamente la posición electoral y la imagen de la sociedad boliviana que los ideólogos del MAS y sus periferias han tratado de introducir en el imaginario colectivo. Por el contrario, sospecho que muchos de los mitos puestos a circular en los años pasados (predominio indígena, impronta aymara y carácter mayoritariamente rural de la población), quedarán seriamente abollados cuando se asiente la espuma, se tranquilicen las pasiones regionales y se analicen con mayor objetividad las verdaderas insuficiencias de los resultados del Censo 2012, así como las consecuencias a corto y mediano plazo que se derivan de las mismas.
El atrincheramiento inmediato gira en torno de la distribución de escaños de representación parlamentaria y del reparto de los recursos de coparticipación tributaria, asuntos ciertamente importantes para la clase política, pero que no agotan ni mucho menos otras cuestiones quizás más relevantes para la formulación de políticas públicas, la comparación de la situación social de Bolivia con los países vecinos y la entrega de cifras oficiales a diversos organismos internacionales, que las usan para armar los cuadros estadísticos regionales y mundiales. En la mayoría de estas materias se observan quiebres inexplicables de tendencias, inconsistencias entre indicadores, contradicciones intertemporales y otros defectos similares.
El daño es mayúsculo, pero las cosas podrían ser todavía más graves y traer aparejados grandes problemas para el trabajo futuro, por ejemplo, de sociólogos, economistas y formuladores serios de políticas públicas, si es que no se adoptan algunas medidas para enmendar las inconsistencias más relevantes mediante operaciones técnicas viables, con costos razonables, acordadas en un contexto de profesionalismo, transparencia y responsabilidad.
La actitud opuesta de defender lo indefendible mediante un blindaje político y comunicacional sería calamitosa.
En cambio, una propuesta válida en un sentido constructivo es la que han preparado las organizaciones que forman parte de La Ruta del Censo, porque se trata de una plataforma que cuenta con personas de probada experiencia específica y conocimientos técnicos, que ha realizado un seguimiento crítico, independiente y responsable de los preparativos, la realización y la entrega de los resultados del Censo 2012. Ahora se puede afirmar que, de haberse escuchado a tiempo sus recomendaciones y propuestas, probablemente no se hubieran cometido muchos de los errores y desaciertos que han ocasionado la situación actual.
Esta misma plataforma ha preparado una propuesta de ley del sistema nacional de información estadística, orientada primordialmente a establecer un nuevo marco institucional capaz de restablecer la credibilidad del catálogo de cifras que debe brindar oportunamente el Estado a los ciudadanos, y que por de pronto ha quedado seriamente afectada.
