Como era de esperarse, el “error” oficialmente reconocido por el presidente Evo Morales en el manejo de datos del Censo 2012 ha duplicado sensibilidades y disparado alarmas en los nueve departamentos.
Ya antes del desacierto (haber anticipado datos preliminares que difieren del resultado oficial), el pronóstico era que los resultados, cuales fueren, desatarían un debate nacional por la redistribución de recursos económicos y escaños en el Legislativo. Con el equívoco de por medio, la previsión queda rebasada y no se descarta que el debate ceda paso a la disputa.
Al menos así lo anticipan los anuncios públicos de reuniones para confeccionar “estrategias de defensa” de intereses regionales, a los que se suman críticas y muestras de descontento expresadas en las redes sociales, instrumentos eficientes a la hora de articular movimientos civiles.
En Cochabamba, por ejemplo, se declaró emergencia y en Santa Cruz fue convocada una asamblea para analizar la diferencia de 120.000 habitantes entre el resultado oficial difundido el 31 de julio y el dato preliminar que lanzó el Jefe del Estado el 23 de enero. Lo mismo ocurrió en Oruro, cuyos cívicos denuncian la “desaparición” de miles de habitantes.
En esa misma línea, este lunes, dirigentes de Chuquisaca, Tarija y Potosí anunciaron la creación del denominado “Bloque del Sur”, con el objetivo de defender sus intereses regionales frente a los resultados “cuestionados” del censo.
Para colmo, el incidente se presenta en un año preelectoral, lo que hace que la legítima defensa de los intereses regionales sea fácilmente permeable a objetivos político-electoralistas. Por donde se vea, un panorama nada alentador sobre un resultado que debió dar certezas al país antes que generar dudas.
Pero habrá que tomar las cosas con calma. Al admitir el error y abrir las puertas a un proceso de fiscalización, el Mandatario dio un paso importante para serenar los ánimos, aunque tal vez insuficiente para eliminar las susceptibilidades que anidaron en algunos sectores de la población.
De seguro se eliminarán de raíz con el proceso de fiscalización, pero éste no impedirá la pulseta regional por recursos y escaños legislativos, donde la tendencia, al menos en ámbitos dirigenciales, es anteponer el interés regional al nacional.
En ningún departamento quieren perder representantes en la Asamblea Plurinacional y, por el contrario, todos aspiran a aumentar su presencia; lo propio ocurre con los recursos: todos quieren más y nadie está dispuesto a ceder.
En el primer caso, ¿cuán cierto será que la cantidad de asambleístas incide en la atención a una u otra región? ¿Será que cantidad garantiza calidad? No lo creo. Una reducida brigada con asambleístas eficientes, preparados y comprometidos con su región, de seguro arrasa a una numerosa comparsa legislativa.
Pero como se trata de un asunto de representatividad, lo que corresponde es una asignación basada en el número de habitantes registrados en el último censo, tal como dispone el artículo 146 de la Constitución. Por equidad, incluso garantiza una asignación mínima de escaños.
Así las cosas, lo que correspondería sería aplicar sin más discusión “la ley del cacho”, como sugirió el fin de semana el Jefe del Estado: “Lo que se ve, se anota”.
Lo propio debería ocurrir con el caso de los recursos económicos: equilibrar la asignación con base en criterios de población y solidaridad, y decidir sobre cifras claras. Por eso es importante que el proceso de fiscalización, que ahora se sabe que comenzará el 19 de agosto, llegue a buen término lo antes posible. De ahí en adelante la responsabilidad recaerá en todos, no solamente en el Gobierno.
